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La advertencia presidencial coincide con la aplicación de una agresiva tanda de sanciones económicas dictadas por el Departamento de Estado contra la estructura financiera de la isla. Las penalizaciones federales afectaron de forma directa al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve corporaciones gubernamentales claves para la importación y comercialización de combustibles subsidiados.
Entre las firmas comerciales bloqueadas destacan las empresas estatales Enetec y Coreydan, señaladas de coordinar el suministro de hidrocarburos desde México, así como consorcios portuarios y milicias de tropas territoriales. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las medidas alegando que la Casa Blanca utilizará todos los medios disponibles para forzar reformas y neutralizar amenazas a la seguridad nacional.
En La Habana, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, calificó de «criminal y genocida» la ofensiva económica estadounidense. El canciller denunció en sus redes sociales que el recrudecimiento de las medidas coercitivas adicionales busca castigar de forma deliberada a la población civil, asfixiar sus fuentes de sustento y profundizar la severa crisis energética que padece la isla.
