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Activistas y defensores de derechos humanos demandan que la renovación del Tribunal Supremo se realice bajo estrictos controles constitucionales
Diversas ONG exigieron un acuerdo político garantizado para reestructurar el sistema judicial tras el cierre de la negociación entre la disidencia y el régimen socialista. Las plataformas solicitaron la verificación internacional independiente para evitar la injerencia de la dictadura chavista en la designación del Tribunal Supremo. Las entidades demandan la suspensión inmediata de funcionarios involucrados en la represión estatal.
La declaración destaca una oportunidad histórica para recuperar el Estado de Derecho destruido por la tiranía mediante mecanismos transparentes de selección de magistrados. La coalición reclama la depuración total de jueces y fiscales cómplices de la persecución política para devolver la imparcialidad al Poder Judicial. El comunicado enfatiza el seguimiento permanente sobre cada etapa del proceso.
El pronunciamiento surge como respuesta a la manipulación del máximo juzgado, cuya Sala Electoral avaló la proclamación ilegitima de Nicolás Maduro sin publicar las actas. La justicia estuvo subordinada a la militancia partidista para garantizar la impunidad del régimen dictatorial. La resistencia civil exige la restitución constitucional como condición previa para restablecer las libertades.
Para asegurar la idoneidad, las agrupaciones proponen integrar un comité técnico apoyado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. La participación internacional garantizará la evaluación técnica imparcial de los aspirantes sin chantajes ideológicos del aparato comunista. La reconstrucción del marco democrático nacional dependerá exclusivamente de contar con tribunales libres.
Diversas agrupaciones de la sociedad civil impulsan el monitoreo constante sobre los acuerdos celebrados entre los actores políticos de las conversaciones. El liderazgo ciudadano defiende el cumplimiento estricto de la Carta Magna para evitar componendas que perpetúen el control oficialista. La presión internacional resultará determinante para obligar al chavismo a ceder terreno.
El compromiso con los presos políticos permanece como un eje prioritario en el reclamo de las organizaciones no gubernamentales. Activistas independientes exigieron la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente durante las protestas sociales contra el régimen de Nicolás Maduro. Las víctimas de la represión estatal aguardan justicia mientras avanzan las conversaciones negociadoras.
La transición democrática en Venezuela exige rescatar instituciones que sirvan verdaderamente a la ciudadanía y no a los intereses de la dictadura. La movilización de los sectores democráticos continuará activa hasta garantizar la imparcialidad total de la administración de justicia. El futuro institucional dependerá de erradicar la impunidad del aparato saliente.
