Estados Unidos deporta a Quero Silva excomandante de la GNB señalado por abusos y torturas durante protestas en Venezuela

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a Venezuela al excomandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Rafael José Quero Silva, quien fue señalado por su presunta responsabilidad en abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante la represión de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La expulsión se concretó el 19 de agosto, luego de que un juez de inmigración del Departamento de Justicia estadounidense ordenó su salida del país. En el operativo participaron agentes de ICE Miami, Homeland Security Investigations (HSI) Miami y el Centro de Operaciones contra Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra, informó la periodista Carla Angola.

Quero Silva había ingresado a Estados Unidos en junio de 2016 a través del aeropuerto internacional de Miami con visa B-2, destinada a visitantes por turismo. Sin embargo permaneció en territorio estadounidense después de que venció el documento. Las autoridades migratorias lo detuvieron el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida.

Acusaciones por torturas durante protestas

Antes de su llegada a Estados Unidos, Quero Silva estuvo al frente del Destacamento 47 de la GNB, con sede en Barquisimeto, estado Lara. Durante las protestas antigubernamentales de 2013 y 2014, manifestantes y organizaciones defensoras de derechos humanos lo vincularon con presuntos abusos contra personas detenidas durante las movilizaciones.

Las acusaciones incluyen golpizas, descargas eléctricas, amenazas y otros tratos crueles, que según testimonios y documentos relacionados con el caso habrían ocurrido bajo la custodia de efectivos que estaban bajo su mando.

Cinco ciudadanos venezolanos presentaron una demanda civil ante un tribunal federal estadounidense contra el militar retirado. En el proceso aseguraron haber sido víctimas de torturas y otros abusos mientras permanecían detenidos por la GNB.

Los documentos judiciales describen episodios de violencia. Entre los denunciantes figura una persona que recibió un disparo en el abdomen y otra que fue alcanzada por proyectiles a corta distancia. También se denunciaron agresiones físicas, amenazas, humillaciones y afectaciones psicológicas durante los períodos de detención.

Una de las presuntas víctimas afirmó que las experiencias sufridas tuvieron impacto tan grave que llegó a experimentar pensamientos suicidas.

Lo reconocieron en Miami

El caso de Quero Silva llegó a conocimiento de las autoridades migratorias después de que integrantes de la comunidad venezolana en Miami lo identificaran años después de los hechos denunciados.

El exmilitar incluso apareció como extra en la producción televisiva en español Mi familia perfecta, transmitida por Telemundo en 2018, en la que interpretó a un agente policial.

Tras reconocerlo, víctimas y activistas aportaron información a las autoridades estadounidenses. Estos datos contribuyeron a las investigaciones que derivaron en su detención por motivos migratorios.

En noviembre de 2025, un juez de inmigración concluyó que Quero Silva había participado en violaciones de derechos humanos en Venezuela y ordenó su deportación. El excomandante apeló la decisión y permaneció recluido en el Centro de Detención Krome, en el condado de Miami-Dade.

Su defensa ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra. El abogado del militar retirado sostuvo que Quero Silva llevaba años en Estados Unidos mientras esperaba avanzar en su proceso migratorio y cuestionó que fuera detenido antes de una entrevista vinculada con su solicitud de asilo.

Hasta las últimas informaciones conocidas sobre el proceso, Quero Silva tampoco había enfrentado cargos penales en Estados Unidos por las presuntas torturas denunciadas.

Con la deportación ejecutada el 19 de agosto, el exmilitar regresó a Venezuela después de permanecer meses bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Simultáneamente, las cinco personas que lo señalaron por presuntos abusos mantienen una demanda civil ante tribunales estadounidenses.

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