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El régimen busca culpar a las sanciones de EEUU de los males de la Isla, pero su mala administración ha probado ser la mayor responsable
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió por un año la aplicación de determinadas facultades de la Ley de Comercio con el Enemigo sobre Cuba, lo que extiende por un año más la vida del embargo a la Isla.
La decisión que permite a Washington mantener vigente el marco legal utilizado para aplicar parte de sus sanciones contra el Gobierno cubano.
La medida estará vigente hasta el 14 de septiembre de 2027 y no introduce cambios inmediatos en las reglas actuales sobre viajes, remesas o transacciones financieras.
El memorando fue firmado por Trump el 20 de agosto y publicado posteriormente en el Registro Federal. El documento instruye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a mantener las facultades relacionadas con Cuba bajo las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos.
La decisión fue rechazada por el Gobierno cubano. El canciller Bruno Rodríguez calificó el embargo de “política genocida” y afirmó que su extensión demuestra que Washington pretende aumentar la presión económica sobre la Isla.
La Habana sostiene desde hace décadas que las sanciones estadounidenses son la principal causa de sus dificultades económicas.
El embargo sí impone restricciones que afectan las relaciones comerciales y financieras de Cuba con EEUU y puede dificultar determinadas operaciones internacionales.
Sin embargo, atribuir a esas medidas todos los problemas económicos de la Isla deja fuera factores internos que también han contribuido al deterioro de la economía.
Problemas de gestión, baja productividad, falta de insumos y fallas en la distribución incluso en actividades que dependen principalmente de recursos y administración nacionales.
En diciembre de 2025, por ejemplo, el medio informó que toneladas de mangos se perdían en una finca estatal porque no existían combustible, transporte ni recursos suficientes para recoger la cosecha.
La producción de alimentos también refleja esas dificultades. En marzo de 2025, una finca estatal de Mayabeque tuvo que recurrir a una Mipyme privada para conseguir efectivo y pagar a sus trabajadores agrícolas, después de que los bancos estatales no le proporcionaran los recursos necesarios para financiar la cosecha.
El propio sistema de distribución ha mostrado fallas similares. En Sancti Spíritus, las autoridades comenzaron en febrero de 2025 a entregar con retraso apenas dos libras de arroz de las cinco que estaban pendientes desde diciembre del año anterior.
A esto se suman problemas administrativos. En agosto de 2025 un caso de negligencia y malversación en una empresa estatal de Sancti Spíritus que provocó la pérdida de productos alimenticios almacenados y daños cercanos a 100 millones de pesos cubanos.
La dependencia de las importaciones también contradice parte del discurso oficial sobre la autosuficiencia. En marzo de 2025, un balance del Ministerio de la Industria Alimentaria citado por el medio reveló que ocho de nueve productos básicos bajo su control necesitaban ser importados.
Mientras mantiene su política de sanciones, Washington sostiene que busca presionar al Gobierno cubano para que modifique su comportamiento político y económico. Marco Rubio ha afirmado que Cuba debería avanzar hacia un futuro más próspero y seguro.
La prórroga de Trump mantiene, por tanto, la presión externa sobre La Habana, pero no explica por sí sola la crisis actual. El deterioro de la producción estatal, los problemas de distribución, la falta de inversión y las decisiones económicas del Gobierno también forman parte de un escenario que las autoridades cubanas han atribuido durante años principalmente al embargo estadounidense.
