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El acuerdo genera beneficios asimétricos. En el corto plazo, el principal beneficiario es el gobierno estadounidense, mientras que para el país los efectos económicos reales solo se verán en el mediano y largo plazo
El reciente anuncio del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, calificado de manera maximalista por el presidente Donald Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, busca causar un impacto fundamental en los mercados energéticos. Sin embargo, más allá de los titulares, los hechos revelan que los efectos de esta medida no se distribuirán de forma simétrica ni en los mismos plazos.
En entrevista exclusiva con El Nacional, el abogado y académico Simón Deffendini analizó el alcance del anuncio y sostuvo que el principal beneficiario inmediato es la administración estadounidense, al utilizar el acuerdo como una herramienta estratégica para aliviar su mayor vulnerabilidad doméstica: la inflación.
“El mayor impacto está en Estados Unidos que en Venezuela. Es una táctica política muy interesante para Estados Unidos en este momento y sobre todo para el Partido Republicano cuando tienen unas elecciones (de Senado) en los próximos meses”, dijo.
Para la Casa Blanca y el Partido Republicano, el costo de vida se ha consolidado como el principal desafío político ante los próximos procesos electorales. Deffendini explica que la pérdida de apoyo popular por el deterioro del poder adquisitivo obligó a buscar mecanismos eficaces para intervenir en las expectativas del mercado.
La lógica económica de esta estrategia radica en que la incorporación teórica de 65.00 millones de barriles de reserva en 17 campos estratégicos envía una señal inmediata de abundancia que presiona a la baja el precio del crudo y sus derivados.
Esta reducción en los costos de energía se transmite con rapidez a una desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el indicador que afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos.
“El gran beneficiario es la administración actual, porque esto ayuda a aliviar el sentimiento de inflación, que es el mayor problema que tienen los americanos en este instante”, dijo.
Deffendini destaca además que la medida responde a las advertencias del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sobre la persistencia de la inflación subyacente y la posibilidad de nuevas subidas en las tasas de interés. Un ajuste monetario restrictivo encarecería el crédito y contraería sectores clave como el inmobiliario; por lo tanto, generar expectativas inflacionarias a la baja le permite a Washington proteger el clima económico antes de enfrentarse a los votantes.
Delcy Rodríguez y su reconocimiento
En contraste con la inmediatez de los resultados para Washington, el especialista señala que para Caracas el impacto inicial se concentra en el plano institucional. El acuerdo otorga un reconocimiento internacional a la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, abriendo una vía de contacto con la mayor economía del mundo, aunque este espaldarazo diplomático no se traduzca de forma instantánea en un bienestar palpable para el venezolano de a pie.
“Estados Unidos le da un reconocimiento importante a nivel internacional a Delcy Rodríguez”, comentó.
Desde la perspectiva jurídica, Deffendini advierte sobre terrenos grises. La Constitución venezolana establece en sus artículos 27 y 303 que los yacimientos son de dominio público, inalienables, y que el Estado se reserva la actividad petrolera y la totalidad de las acciones de PDVSA.
Aunque las reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos brindan mayor flexibilidad, el anuncio sugiere roces con la Carta Magna. Sin embargo, el académico aclara que, bajo la Convención de Viena y el principio pacta sunt servanda, un tratado binacional firmado por los Poderes Ejecutivos adquiere validez internacional y debe cumplirse de buena fe, sin que las partes puedan invocar su derecho interno para discontinuarlo.
“Desde el lado venezolano es legitimación, básicamente legitimación de la presidencia encargada, en donde evidentemente le da un reconocimiento importante a nivel internacional, que no implica una mejora inmediata en la población”.
Vigilar la inversión
Para la industria venezolana, los rendimientos económicos reales pertenecen al mediano y largo plazo. Citando informes de instituciones como el Baker Institute, Deffendini señala que la inversión proyectada de 100.000 millones de dólares en capital privado representa el piso financiero requerido para intentar llevar la producción hacia los 3 millones de barriles diarios en un horizonte cercano a una década.
Sin embargo, cree que el debate para el país no radica solo en el volumen de extracción, sino en el cambio de paradigma.
El modelo sugerido implica pasar de un Estado productor y administrador a un esquema donde la empresa privada asume la operación, evocando dinámicas previas a la nacionalización.
Finalmente, Deffendini enfatizó que la efectividad real dependerá de la disciplina fiscal y de si los 209.000 millones de dólares previstos en tributos se destinan a sostener la burocracia o si se orientan a reconstruir las bases del contrato social: educación, salud, seguridad jurídica y estabilidad alimentaria.
“Esperemos que, realmente, si bien esta inversión sea utilizada para servir al pueblo y para que el Estado cumpla con el contrato social que tiene y no sea despilfarro”, culminó.
