CentroVenezolanos.com Noticias Relevantes y Actualizadas de Venezuela
Related Articles
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagar $164.527,70 en honorarios y gastos legales derivados de la deportación irregular de un venezolano que fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, en marzo de 2025.
La decisión fue emitida por Stephanie Gallagher, jueza del Distrito de Maryland, quien concluyó que el Gobierno estadounidense no estuvo “sustancialmente justificado” al deportar al joven, identificado en los documentos judiciales bajo el seudónimo de “Cristian”.
El venezolano formaba parte de una demanda colectiva que protege a menores migrantes no acompañados sin estatus legal ni tutores, condición que impedía su expulsión antes de que se resolviera el proceso relacionado con su solicitud de asilo.
Sin embargo, Cristian fue deportado a El Salvador en marzo de 2025 y recluido en el Cecot. La expulsión ocurrió un día después de que el entonces presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva en la que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la deportación de venezolanos señalados de pertenecer al Tren de Aragua.
El Gobierno estadounidense sostuvo durante el litigio que la aplicación de esa legislación lo eximía de cumplir las obligaciones contempladas en el acuerdo de la demanda colectiva. Gallagher rechazó ese argumento.
En abril de 2025, la magistrada ya había determinado que la deportación del venezolano, que entonces tenía 20 años, fue indebida y ordenó al DHS facilitar su retorno a Estados Unidos.
Cristian permaneció durante varios meses en El Salvador hasta que fue trasladado a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. Posteriormente, sus abogados lograron restablecer el contacto con él, aunque el joven no manifestó su intención de regresar a territorio estadounidense para continuar con su proceso de asilo.
Gallagher cuestionó especialmente que el Gobierno hubiera procedido con la expulsión pese a que el abogado de inmigración de Cristian había informado previamente a las autoridades sobre su pertenencia al grupo protegido por el acuerdo judicial.
“La decisión de los acusados de expulsar a Cristian sin previo aviso (…) fue injustificada y no razonable”, sostuvo la jueza en su resolución.
El monto establecido por el tribunal contempla $160.823,09 correspondientes a honorarios de abogados y $3.704,61 en otros gastos, para un total de $164.527,70.
La magistrada concluyó que, al evaluar el conjunto de las circunstancias del caso, la posición asumida por el Gobierno durante el litigio no estuvo sustancialmente justificada, incluso aunque algunas de sus actuaciones pudieran haber tenido argumentos considerados razonables.
