La Fiscalía responderá el 23 de septiembre y la defensa replicará el día 30. El acuerdo sobre el calendario no significa que el Gobierno haya aceptado liberar a Flores ni que exista una negociación secreta. La decisión corresponde exclusivamente al juez federal Alvin K. Hellerstein.
- La orden significa que el tribunal escuchará formalmente los argumentos de ambas partes antes de decidir si Flores debe permanecer detenida o puede esperar el juicio sometida a condiciones estrictas. No constituye una concesión anticipada de la libertad ni revela cuál será la posición final del juez.
- La ley aplicable a la libertad antes del juicio
- El argumento médico de la defensa
- ¿El expediente médico sellado fortalece su solicitud?
El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó para el 8 de octubre de 2026, a las 10:30 de la mañana, la audiencia en la que examinará la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores. La decisión aparece en una anotación manuscrita incorporada al Documento 330 del expediente United States v. Nicolás Maduro Moros, et al., tramitado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El documento, presentado el 16 de septiembre por los abogados Mark E. Donnelly y Andrés Sánchez, informa que la Fiscalía ya pudo revisar la petición y que ambas partes propusieron conjuntamente un calendario procesal: el Gobierno responderá el 23 de septiembre, la defensa presentará su réplica el 30 de septiembre y la audiencia se celebrará el 8 de octubre.
La precisión jurídica es importante: las partes solamente acordaron el calendario para litigar la solicitud. El documento no dice que la Fiscalía haya aceptado la libertad de Flores, que exista un acuerdo sobre las condiciones de su liberación o que el Gobierno considere suficientes las garantías ofrecidas por la defensa.
La orden significa que el tribunal escuchará formalmente los argumentos de ambas partes antes de decidir si Flores debe permanecer detenida o puede esperar el juicio sometida a condiciones estrictas. No constituye una concesión anticipada de la libertad ni revela cuál será la posición final del juez.
La audiencia permitirá que la defensa desarrolle sus argumentos médicos y explique por qué las condiciones propuestas podrían reducir el riesgo de fuga. La Fiscalía, por su parte, podrá cuestionar tanto la gravedad y manejo de la condición médica como la eficacia real del plan de vigilancia.
El calendario también muestra que el juez no rechazó sumariamente la petición. Hellerstein considera necesario recibir la respuesta del Gobierno, permitir una réplica de la defensa y celebrar una audiencia. Esto representa una oportunidad procesal para Flores, pero no permite anticipar que la solicitud será aprobada.
La ley aplicable a la libertad antes del juicio
La decisión se regirá principalmente por la Ley Federal de Reforma de la Fianza, contenida en el 18 U.S.C. § 3142. La pregunta central no es si la acusada puede pagar una fianza elevada, sino si existe alguna combinación de condiciones capaz de garantizar razonablemente su comparecencia y la seguridad de la comunidad.
La ley ordena al juez valorar la naturaleza y circunstancias de los delitos imputados, el peso de la evidencia disponible, los antecedentes y características personales de la acusada y la naturaleza del peligro que podría representar su liberación.
Dentro de las características personales, el estatuto permite considerar expresamente la condición física y mental de la persona. Por esa razón, los problemas cardíacos alegados por la defensa son jurídicamente relevantes, aunque no producen automáticamente un derecho a la excarcelación.
En términos generales, el Gobierno debe demostrar el peligro para la comunidad mediante evidencia clara y convincente. Para establecer riesgo de fuga, los tribunales federales aplican el estándar de preponderancia de la evidencia: que resulte más probable que no que la persona pudiera evadir el proceso.
El argumento médico de la defensa
La defensa sostiene que Flores presenta una condición cardíaca grave y que necesita supervisión especializada. Según la petición presentada el 9 de septiembre, habría experimentado taquicardia, dolor torácico, dificultad para respirar, mareos y debilidad, además de un posible episodio cardíaco menor mientras se encontraba detenida.
Los abogados propusieron sustituir la detención por arresto domiciliario, vigilancia armada permanente, monitoreo electrónico, entrega del pasaporte, inspecciones, control de visitantes, grabación de las comunicaciones no privilegiadas y supervisión médica.
Sin embargo, para obtener la libertad no basta con probar que existe una enfermedad. La defensa deberá demostrar que la situación médica es suficientemente seria, que el tratamiento disponible durante la detención resulta inadecuado o insuficiente y que la liberación bajo condiciones puede manejar razonablemente los riesgos identificados por el tribunal.
La Fiscalía podría responder que el centro de detención puede prestar o coordinar la atención médica necesaria, trasladar a Flores a un hospital cuando resulte indispensable y cumplir las indicaciones de especialistas sin necesidad de ponerla en libertad.
¿El expediente médico sellado fortalece su solicitud?
El 10 de septiembre, Hellerstein autorizó mantener bajo sello el Anexo C, que contiene los registros médicos personales de Flores. Esa orden protege información sensible frente al acceso público, pero no equivale a una certificación judicial de que la enfermedad justifica la libertad.
La decisión de sellar los documentos y la decisión sobre la fianza responden a preguntas diferentes. En la primera, el juez determinó que el interés de privacidad de Flores superaba la presunción de acceso público a sus registros médicos. En la segunda, deberá establecer si esos documentos prueban una condición suficientemente grave y si existe una alternativa segura a la detención.
El contenido del anexo puede ser importante para la defensa, pero el simple hecho de que permanezca sellado no aumenta automáticamente sus posibilidades de éxito. Su verdadero peso dependerá de los diagnósticos, los tratamientos recomendados, los riesgos identificados por los médicos y la capacidad del sistema penitenciario para atenderlos.