Las 99 excarcelaciones de presos políticos anunciadas en Venezuela durante la Nochebuena no han terminado de concretarse. A cuenta gotas, familiares y abogados arman listados de nombres y confirman si efectivamente han podido salir de la cárcel. Esta se ha vuelto una práctica recurrente del Gobierno venezolano para distender las presiones internas o para negociar acuerdos con Estados Unidos. Pero el gesto resalta, sobre todo, por los que todavía siguen detenidos. Más de 900 personas (174 de ellas militares) continúan presas por motivos políticos en 90 cárceles en todo el país. Entre ellos hay defensores de los derechos humanos, opositores, varios enfermos de cáncer y un menor de edad. Desde 2014, más de 9.000 continúan sometidas a restricciones judiciales, según Foro Penal.
Los beneficios otorgados esta semana alcanzan en su mayoría a presos por protestar luego de las elecciones presidenciales de 2024. También por criticar en redes sociales, como el caso de la médica Marggie Orozco, condenada a 30 años de cárcel por enviar un audio de WhatsApp. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que da asistencia a los familiares de los presos, señaló que “si bien existe solidaridad y una genuina alegría compartida por cada excarcelación, la selectividad de estas decisiones resulta revictimizante”. Los que quedan presos y sus familias están sometidos a una espera indefinida, sin criterios claros ni garantías, “como si la recuperación de la libertad dependiera del azar y no del reconocimiento de un derecho fundamental”.
Los familiares de los presos políticos esperaban liberaciones en el marco de las canonizaciones de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos. Hicieron una intensa campaña para que la Iglesia abogara por ello. No se logró ninguna en octubre, cuando se hizo la ceremonia en el Vaticano. Ese mes, en cambio, se registraron más de 50 detenciones. Meses antes, sin embargo, a través de una negociación política anunciada por el dirigente Henrique Capriles Radonski, se logró la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos el diputado Américo de Grazia y el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, junto a uno de sus colaboradores, Pablo Guanipa.
Defensores de derechos humanos han denunciado que 91 de los cerca de 1.000 presos políticos padecen “enfermedades graves” y enfrentan, según Justicia, Encuentro y Perdón, un “deterioro físico progresivo” como resultado de lo que califican como una “forma de violencia estructural”, en referencia a las insalubres condiciones de reclusión y la escasez de alimentos y medicinas. Entre ellos hay “al menos ocho enfermos de cáncer avanzado”. Pero no necesariamente fueron estos casos los excarcelados en Navidad.
Ante la discrecionalidad con que son otorgadas las medidas de libertad condicional, Amnistía Internacional volvió a exigir la libertad plena de cinco defensores de los derechos humanos: Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda.
Tarazona es uno de los activistas con más tiempo preso. A través de su ONG Fundaredes, documentó la presencia de grupos irregulares en la frontera venezolana con Colombia y los presuntos vínculos de altos funcionarios del Gobierno con la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Sus redes sociales quedaron congeladas el 2 de julio de 2021, el día que fue detenido cuando fue a denunciar ante la Fiscalía el hostigamiento y la persecución que estaba sufriendo por parte de agentes de inteligencia del chavismo. Cuatro años y medio después sigue en el Helicoide y su proceso judicial no ha avanzado.
Más de un centenar de mujeres presas
Con Rocío San Miguel, detenida el 12 de febrero de 2024, se cruzó una línea. La abogada y especialista en defensa de alto perfil internacional fue apresada cuando iba a tomar un vuelo en Maiquetía. La mujer de 59 años estuvo en paradero desconocido varias horas, lo que llevó al Alto Comisionado de Derechos Humanos a alertar sobre su posible desaparición forzada. El chavismo respondió con la expulsión de los representantes de esta instancia que estaban instalados en Caracas desde 2019. También detuvieron a su expareja, bajo la investigación de una supuesta conspiración contra el Gobierno. Hace un año se supo que San Miguel había sufrido una fractura en el hombro durante una caída en el Helicoide y meses después sus familiares y abogados exigían atención médica. Con ella, son 120 las mujeres que están presas por motivos políticos, según Foro Penal.
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