El Laboratorio de Paz publicó un informe en el que examinó la trayectoria de Miguel Rodríguez Torres, exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y advirtió sobre las consecuencias que tendría su eventual regreso a un alto cargo en el sector defensa o seguridad del Estado.
El documento surge ante versiones que plantean su posible designación en responsabilidades estratégicas en el país. Desde una perspectiva de derechos humanos, la organización sostiene que cualquier proceso de transición democrática exige revisar el desempeño previo de quienes aspiren a dirigir áreas sensibles como inteligencia, orden público y fuerzas armadas.
¿Quién es Miguel Rodríguez Torres?
Miguel Rodríguez Torres es un oficial retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con amplia trayectoria en organismos de inteligencia. Antes de llegar al gabinete ejecutivo ocupó posiciones relevantes en la antigua Disip -posteriormente convertida en el Sebin-, donde ejerció funciones vinculadas a inteligencia interna, contrainteligencia y gestión de riesgos políticos.
En abril de 2013, tras la elección presidencial de Nicolás Maduro, fue nombrado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cargo que ocupó hasta octubre de 2014.
Desde esa posición tenía autoridad sobre los cuerpos policiales nacionales, los mecanismos de inteligencia interna y la coordinación con la Guardia Nacional Bolivariana en tareas de orden público, recordó el Laboratorio de Paz.
Su gestión coincidió con el ciclo de protestas iniciado en febrero de 2014, uno de los episodios de mayor conflictividad política en la Venezuela contemporánea.
Protestas de 2014 y patrones documentados
Entre febrero y junio de 2014 se registraron decenas de fallecidos, cientos de heridos y miles de detenciones en el contexto de manifestaciones antigubernamentales.
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron patrones de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, denuncias de tortura, violaciones al debido proceso, ataques a periodistas y tolerancia frente a la actuación de civiles armados progubernamentales.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, concluyó que existían motivos razonables para creer que altos niveles del aparato de seguridad, incluidos ministros, ordenaron o contribuyeron a la comisión de crímenes, o no adoptaron medidas para prevenirlos pese a tener autoridad efectiva.
Este señalamiento se basa en el principio de responsabilidad de mando reconocido en el derecho internacional.
Responsabilidad en la violación de derechos humanos
El Laboratorio de Paz subraya que, al estar al frente del Ministerio del Interior durante el período inicial investigado por la misión de la ONU, Rodríguez Torres se encuentra comprendido en ese ámbito de responsabilidad institucional, independientemente de la determinación de eventuales responsabilidades penales individuales.
El documento también analiza el discurso público del entonces ministro. Durante las protestas, Rodríguez Torres calificó las manifestaciones como parte de acciones “insurreccionales” y denunció supuestos planes conspirativos nacionales e internacionales.
En distintas declaraciones vinculó a dirigentes opositores y estudiantiles con estrategias de desestabilización.
Para la CIDH, este tipo de estigmatización por parte de autoridades puede favorecer contextos de represión y debilitar las garantías del derecho a la protesta pacífica
Represión de campamentos y casos emblemáticos
La ONG señaló que uno de los episodios destacados es el desmantelamiento de una acampada estudiantil en Caracas el 8 de mayo de 2014, operativo que terminó con 243 detenidos.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la desproporcionalidad de la medida y denunciaron irregularidades en el tratamiento judicial posterior.
El informe también recuerda casos como el de Génesis Carmona, estudiante asesinada en Valencia durante una manifestación, y el de Massiel Pacheco, detenida tras hallar un bolso con explosivos que intentó entregar a autoridades.
En ambos casos, el entonces ministro formuló declaraciones públicas que atribuyeron responsabilidades antes de que se efectuaran investigaciones judiciales independientes, lo cual, según el documento, contribuyó a la deslegitimación de las víctimas.
Militarización y persecución de defensores
Otro punto del análisis es la militarización del control del orden público. El informe menciona el anuncio oficial de “tomar militarmente” la ciudad de San Cristóbal en febrero de 2014, con despliegue de unidades del Ejército y suspensión del porte de armas en el estado Táchira.
Asimismo, recoge señalamientos de la CIDH sobre declaraciones en las que el ministro acusó a defensores de derechos humanos de integrar supuestos planes conspirativos, tras lo cual ocurrieron allanamientos y detenciones de activistas.
El Laboratorio de Paz considera que este patrón combinó discurso estigmatizante y actuaciones coercitivas, y configuró una política de reducción del espacio cívico.
Miguel Rodríguez Torres, de ministro a preso político
Tras salir del gabinete en octubre de 2014, Rodríguez Torres se distanció del gobierno y en marzo de 2018 lo detuvieron bajo acusaciones de conspiración. Organizaciones nacionales e internacionales denunciaron irregularidades procesales y lo consideraron víctima de persecución política.
Permaneció privado de libertad casi cinco años y lo excarcelaron en enero de 2023. Posteriormente salió del país y se estableció en España.
La organización indica que su condición posterior de detenido por motivos políticos no elimina la necesidad de evaluar su actuación previa en funciones de alta dirección.
En sus conclusiones, el Laboratorio de Paz sostiene que una transición democrática basada en estándares internacionales de derechos humanos requiere garantizar la no repetición de abusos, fortalecer el control civil sobre las fuerzas de seguridad y revisar la idoneidad de quienes aspiran a cargos estratégicos.
A juicio de la ONG, la eventual reincorporación de Rodríguez Torres a una posición de máximo nivel en defensa o seguridad podría generar tensiones con esos principios, afectar la confianza de las víctimas y proyectar una señal de continuidad institucional en lugar de ruptura con prácticas asociadas a la represión del disenso.
