El Gobierno penalizará el consumo de combustible, cuyo precio ha descendido en los últimos meses por la caída de la cotización del crudo en el mercado internacional, para satisfacer una reclamación de los jubilados. Los aumentos, que serán recibidos por alrededor de 200,000 ciudadanos, van desde $20 al mes para las pensiones entre $600 y $800, hasta $55 para las prestaciones inferiores a $250.
El aumento se formalizará a través de un proyecto de ley que fue presentado ayer a la Asamblea Nacional. Se propone que el ajuste empiece a regir el próximo mes de abril.
Para el economista Raúl Moreira, “la alternativa es válida ya que, en teoría, no debe golpear a la mayoría de la población y obligaría a ser un poco más racional en el uso de los vehículos. No sería tan perceptible como si fuera la subida de algún impuesto directo y no esperamos que las empresas aumenten los precios porque ahora el combustible va a ser más caro”.
Por su parte, Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, dijo que están evaluando la propuesta “en función del costo-beneficio que representa el sacrificio que harán los consumidores”. Fletcher dijo que hoy en día el combustible está relativamente barato, pero planteó que dentro de unas semanas o meses puede volver a subir y entonces los consumidores tendrán que asumir la carga extra. Para el activista, hay otros sectores, como el juego o el entretenimiento, que se podrían gravar más para obtener esos recursos.
Un debate pendiente
El costo anual del incremento de las pensiones es de $80 millones. Por lo tanto, quedará un remanente de $20 millones que se utilizará para reforzar el programa de IVM, explicó el viceministro de Salud, Miguel Mayo.
No obstante, la sostenibilidad de este programa sigue reclamando una solución a largo plazo. Según las estimaciones del Gobierno, el fondo de reservas que nutre el IVM cuenta con alrededor de $4,500 millones y se calcula que ese dinero se agotará en 2024. Esta situación es producto de la introducción del subsistema mixto de pensiones en 2007. Desde entonces, buena parte de los asegurados cotiza en cuentas individuales, de manera que el fondo común no recibe los recursos necesarios para hacer frente a un grupo creciente de jubilados. Esta situación, según Moreira, requiere un diálogo amplio. “Las medidas no van a ser simpáticas y fáciles, pero hay que tomarlas”, apuntó.
