La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad, en primera discusión, el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y del Servicio Eléctrico. Instrumento legal que tiene como propósito central incorporar la inversión privada y de capital mixto para reconfigurar el modelo energéticos que hasta ahora ha regido en el país.
La plenaria dio el primer visto bueno al proyecto de reforma en la sesión ordinaria de este martes 2 de junio. El diputado Orlando Miranda presentó el proyecto al pleno del Parlamento, quien fundamentó la legalidad de la propuesta en el artículo 156, numeral 29, de la Constitución, el cual reserva al Poder Público Nacional el régimen general de los servicios públicos domiciliarios.
Durante su derecho de palabra, Miranda expuso que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufre severas limitaciones financieras y estructurales derivadas del incremento de la demanda productiva y del impacto de las sanciones económicas. Afirmó que dichas restricciones paralizaron grandes proyectos termoeléctricos ideados en la década pasada en regiones clave, tales como la Planta El Palito en Carabobo, Don Luis Zambrano en Mérida y TermoZulia, especificando que esta última funciona actualmente a apenas 20% de su capacidad operativa.
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La reforma, que fue consignada a la plenaria por Delcy Rodríguez, quien quedó como encargada del Ejecutuivo tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, consta de 42 artículos y plantea una diversificación en las cadenas de generación, comercialización y prestación del servicio mediante la coexistencia de cuatro figuras empresariales reguladas por un estricto esquema de concesiones y supervisión pública:
- Control estatal: El Estado venezolano se mantiene como el eje central y actor fundamental del sistema.
- Empresas mixtas mayoritarias: Alianzas estratégicas donde Venezuela conserva el control con más de 50% del capital social.
- Participación minoritaria: Sociedades donde el sector público posee una presencia menor, sujetas a la autorización previa del Estado.
El texto plantea la corresponsabilidad civil y penal para los operadores. De aprobarse la reforma, las empresas distribuidoras y comercializadoras quedarán obligadas a compensar económicamente a los usuarios por las pérdidas o daños materiales que sufran a causa de los apagones o de deficiencias en la calidad del suministro.
El instrumento también establece un nuevo pliego tarifario basado en costos reales que garantice una «rentabilidad razonable» vinculada a la eficiencia, junto con políticas fiscales que concedan exenciones tributarias temporales condicionadas exclusivamente a la inversión en las zonas más críticas del sistema. Esto tendría como finalidad atraer capitales e incentivar a inversionistas nacionales y extranjeros, se proyecta
Los legisladores José Gregorio Correa y Omar Veracierto matizaron que la norma debe velar por la planificación, las energías renovables y el fortalecimiento definitivo del servicio en el país.
AN aborda consulta sobre la Justicia Penal
En la misma jornada, la AN aprobó por «mayoría evidente» un proyecto de acuerdo presentado por la diputada María Gabriela Vega para respaldar el despliegue de una consulta nacional con el fin de reformar la Justicia Penal. El consenso emplaza a integrar a instituciones del Estado, universidades, gremios de abogados, defensores de derechos humanos y movimientos sociales a las mesas técnicas de trabajo.
Ordena a los legisladores a que se desplieguen en sus regiones para canalizar las propuestas que luego serán sistematizadas por las comisiones permanentes de la AN para traducirlas en leyes sustantivas.
La aprobación de este acuerdo generó escozor en el debate. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, fustigó la postura de líderes opositores al tildar su posición de «perdonavidas» y acusarlos de actuar con arrogancia. Recordó el costo humano de las protestas del año 2014 y puntualizó que dejaron un saldo de 43 muertos. Además, recordó el caso de Orlando Figuera.
Rodríguez defendió la disposición al diálogo que, según él, ha mantenido el oficialismo en años previos. Puso como ejemplo la aplicación de la Ley de Amnistía y señaló que con ella casi 9.000 personas fueron beneficiadas de un total de 12.000 solicitudes procesadas tras verse involucradas en hechos de violencia política.
Rodríguez arremetió contra lo que denominó «periodistas de la derecha» en redes sociales, acusándolos de manipular las declaraciones oficiales y carecer de ecuanimidad en su cobertura informativa. Pese a los reclamos hacia los sectores que, a su juicio, intentan desmarcarse del consenso, aseveró que las fuerzas parlamentarias insistirán en la construcción de puentes de comunicación institucional y acuerdos sobre los temas comunes del país.
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