Es importante precisar que estas 101 cuentas no pertenecen a 101 titulares diferentes, sino que son cuentas especiales de abogados con un único titular: el abogado Tsvetan Tsanev, el único intermediario legalmente responsable del movimiento de fondos. Hay datos que indican que, al mismo tiempo, Tsanev era a la vez un accionista encubierto del banco.
Unos 450 millones de euros se esfumaron en cuentas offshore vinculadas al régimen venezolano y, en este momento, solo están disponibles y embargados 46 millones de dólares. La investigación sobre esta lavandería a gran escala se ha trasladado a Estados Unidos y continúa allí. En la resolución de la fiscalía búlgara se distingue expresamente entre el volumen total de los fondos transferidos (aproximadamente 500 millones de euros) y los activos realmente disponibles y embargados en el momento de la imposición de las medidas cautelares, que ascienden a unos 46 millones de dólares
Que no se roben la riqueza del pueblo venezolano
Una información inicial sobre «apenas» 150 millones de dólares relacionados con el régimen de Maduro en cuentas del Investbank fue dada a conocer por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. En una rueda de prensa especial celebrada el 13 de febrero de 2019, comparecieron juntos el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, el ministro del Interior, Mladen Marinov, y el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad (SANS, por sus siglas en el alfabeto cirílico), Dimitar Georgiev. Y para que no hubiera dudas sobre quién los había reunido, la rueda de prensa se celebró con la presencia del embajador de Estados Unidos en Sofía, Eric Rubin.
“Estamos trabajando con el Gobierno de Bulgaria y otros países de la Unión Europea para garantizar que no se robe la riqueza del pueblo venezolano y que este cuente con el apoyo necesario para asegurarse un futuro pacífico y democrático”, comentó entonces el embajador Rubin. Radio Europa Libre -el servicio radial de Estados Unidos para Europa del Este y Asia Central- también informó entonces de una declaración del diputado opositor venezolano, Carlos Paparoni, en la que este afirmaba que “Bulgaria forma parte de un plan a gran escala para exportar activos estatales del país latinoamericano”.
Dos semanas después de la rueda de prensa, el 26 de febrero de 2019, la Fiscalía Especializada inició una investigación preliminar, que fue archivada el 4 de junio de 2024 por el fiscal Plamen Ivanov, pero no porque no hubiera pruebas de actividad delictiva, sino debido al traslado del proceso penal a Estados Unidos. El motivo alegado para esa derivación es que las autoridades estadounidenses estaban en “mejor posición” para investigar el caso.
No obstante, el fiscal ordenaba a la DANS que no suspendiera la vigilancia de las cuentas. En la resolución de 2024, se indica expresamente que el importe total de los fondos transferidos a través de las cuentas especiales en cuestión durante el período incriminado asciende a unos 500 millones de euros. Todos los fondos pasaron por 101 cuentas de clientes del abogado Tsvetan Tsanev.
El dato más inquietante de la resolución del fiscal Plamen Ivanov es la enorme diferencia entre los 500 millones de euros que pasaron por las cuentas y los activos realmente disponibles. En el momento de imponer los embargos a petición de las autoridades estadounidenses, solo se encontraron unos 46 millones de euros en las cuentas.
Bivol y BIRD (el Buró de Periodismo Investigativo y Datos) enviaron preguntas a la fiscalía sobre si se habían realizado transferencias desde estas cuentas después del inicio de la investigación preliminar, pero no se recibió respuesta.
¿Dónde están los más de 450 millones de euros restantes? Las fuentes indican que el dinero no se quedó en Bulgaria, sino que fue “redirigido” a otros destinos. La investigación establece que los fondos fueron transferidos a empresas offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, y que se accedió a la banca electrónica de estas cuentas desde cientos de direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela, a menudo en períodos en los que los apoderados de Tsanev ni siquiera se encontraban en los países correspondientes. Esto es un indicio serio de que las personas que operaban con los fondos estaban relacionadas con los clientes de las cuentas del bufete de abogados, es decir, representantes e intermediarios de estructuras estatales y cuasi estatales venezolanas que formaban parte del régimen de Maduro.
¿Todo en orden?
Ya en 2019, el banco Investbank de Bulgaria declaró que todas estas transferencias eran legales y correctas. “Las transferencias entrantes y salientes realizadas están relacionadas principalmente con el suministro de alimentos a Venezuela, para lo cual disponemos de los correspondientes comprobantes. No hay transacciones sancionadas en relación con la empresa petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa – Petróleos de Venezuela, S.A.”, afirmaba el banco en un comunicado.
A pesar de las afirmaciones del banco sobre el estricto cumplimiento de la ley, los expedientes del caso son categóricos en que hay un problema con la institución financiera. De la resolución del fiscal en 2024 se desprende que el dinero de las cuentas de Tsanev forma parte de un flujo monetario transnacional a gran escala, procedente directamente de empresas estatales venezolanas como el gigante petrolero Pdvsa, la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) y el estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). El banco búlgaro se utilizó como un “eslabón intermedio” clave en una compleja cadena que pasaba por Portugal, Liechtenstein y Suiza.
“Los clientes del abogado Tsanev, cuyas actividades se gestionaban a través de las cuentas en cuestión en Investbank AD, son en principio personas jurídicas extranjeras registradas fuera del territorio del país en la República de Turquía, Suiza, Liechtenstein, Venezuela, Panamá, México, Hong Kong, EE. UU., Emiratos Árabes Unidos, Seychelles, etc. Gran parte de las transferencias entrantes en las cuentas de los clientes se reasignaban por motivos distintos al motivo de su recepción (pago de dividendos, préstamo) a otras cuentas de las mismas empresas o personas vinculadas”, se lee en la resolución.
También se levanta el telón sobre el mecanismo de robo del dinero venezolano. Según la investigación, “parte de los fondos fueron devueltos a empresas de gestión de activos (como pago por servicios de asesoramiento)”. La empresa suiza Swiss Latam AG, propiedad de una empresa de Liechtenstein -el principado alpino que funciona como un paraíso fiscal-, SP Holding AG SV, está listada; ambas se incluyen en la “lista de sospechosos” de la investigación, así como otras empresas offshore registradas en Panamá y Emiratos Árabes Unidos.
Queda claro en los documentos del caso que la empresa suiza Swiss Latam AG (más tarde renombrada como Acantos Advisors AG) no era un consultor periférico, sino un organizador central del esquema: reclutaba clientes, coordinaba la apertura de cuentas, daba instrucciones para la disposición de fondos y recibía un porcentaje de las transacciones. Es esta empresa la que ha sido designada por autoridades extranjeras como parte de la sospechosa infraestructura financiera que servía al flujo de caja venezolano.
Según la información procedente de Liechtenstein, al comprar productos alimentarios, “una gran parte de las cantidades ordenadas a las empresas comerciales finales se desviaban y devolvían a entidades legales relacionadas”.
Estas prácticas han sido descritas como probables elementos de un esquema de corrupción que finalmente perjudicó a las finanzas públicas del Estado venezolano.
Herencia postcomunista
Además, se estableció que Dimitriyka Andreeva, quien actuó como principal representante de Tsanev en la apertura de las cuentas según el artículo 39 de la Ley de Abogados de Bulgaria, era?al mismo tiempo?miembro del Consejo de Supervisión de Investbank?AD, el banco donde circulaban los fondos venezolanos. Un clásico conflicto de intereses que hasta ahora no ha recibido respuesta institucional.
En una investigación anterior, Bivol había descubierto que Tsanev es un accionista oculto de facto en Investbank, y Andreeva le sirve de apoderado.
También se reveló que 300 millones de levas -la moneda local búlgara hasta el reciente 1 de enero de 2026, cuando el país adoptó el euro- del dinero de los depositantes en esa institución financiera se han evaporado debido a transacciones de valores gubernamentales con las empresas de Tsanev. Oficialmente, un antiguo empleado del banco presentó una prueba de esto, pero la fiscalía se negó a iniciar procedimientos previos que condujeran a un juicio.
El Banco Nacional Búlgaro (BNB, equivalente a un banco central) también permanece en silencio sobre las revelaciones, que están respaldadas por documentos y pruebas. Todo esto sugiere la existencia de un paraguas institucional para el flujo venezolano y el cóctel financiero tóxico con el dinero de Maduro, el dinero de los depositantes en el banco y los valores gubernamentales, implicados por Tsvetan Tsanev y su «socia», Petya Slavova.
Queda por ver si la justicia estadounidense llegará a los 450 millones de euros que faltan y que se transfirieron a cuentas de partes relacionadas y empresas offshore. En todo caso luce más probable que esperar que las instituciones búlgaras rindan cuentas y encuentren los 300 millones de levas desaparecidos de depositantes búlgaros.
El abogado Tsvetan Tsanev e Investbank no surgieron en el vacío, sino que son producto de una transición en la que las redes de la antigua Seguridad del Estado comunista se transformaron en bancos, intermediarios y operadores financieros “respetables”. Han sobrevivido invariablemente con un paraguas político duradero. Hoy este modelo da su resultado natural: unos 500 millones de euros pasaron por Bulgaria, más de 450 millones se trasladaron al extranjero y un país que se niega voluntariamente a ejercer su jurisdicción en una de las investigaciones de blanqueo de capitales más graves de importancia internacional.
Aquí, la responsabilidad política a lo largo del tiempo es específica: la de los Fiscales Generales, los Ministros de Finanzas y los Gobernadores del BNB, que durante años han tolerado un banco que emite frecuentes señales de infracciones. Instituciones policiales que prefieren transferir casos, en lugar de investigar y ponerles fin con cargos y sentencias. Dadas estas pruebas, el asunto ya no es solo penal, sino regulatorio, porque hay pruebas suficientes de fallos sistémicos en el control, que requieren una inspección de la licencia de Investbank por parte del Banco Central Europeo (BCE).
Los datos filtrados para esta historia no constituyen un ataque al sistema bancario búlgaro, sino una defensa de los estándares europeos frente a un modelo heredado de la cultura postcomunista de la impunidad. Si el flujo venezolano se devela, esto ocurrirá no gracias a las instituciones búlgaras, sino sus asociados. Esta es la acusación más grave contra un país, Bulgaria, que durante décadas se ha convertido en un corredor conveniente para el dinero sucio
