El plan consiste en incrementar l¡”exen’ión fiscal anual para la vivienda principal en $100,000 durante una década, con la meta de alcanzar una exención total para el año 2027. Sin embargo, para convertirse en ley, la medida requiere ser ratificada por el 60% de los votantes en las próximas elecciones.
La representante Monique Miller, defensora del proyecto, sostiene que el esquema escalonado está diseñado para aliviar el bolsillo de los propietarios sin causar un choque financiero inmediato, permitiendo a los gobiernos locales ajustar sus presupuestos.
No obstante, la propuesta ha encendido las alarmas entre alcaldes y administradores municipales. La Asociación de Condados de Florida estima que, de aprobarse, el impacto fiscal podría ascender a $2,900 millones en pérdidas para 40 condados tan solo en el primer año.
Críticos como Charles Chapman, de la Liga de Ciudades, advierten que esto no es un alivio real, sino un desplazamiento de la carga tributaria hacia inquilinos y comercios mediante nuevas tarifas.
Por su parte, el gobernador Ron DeSantis ha indicado que las negociaciones continúan y no descarta una sesión especial para afinar los detalles antes de agosto, fecha límite para incluir la propuesta en la boleta electoral de noviembre.
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