La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará el próximo 17 de junio una audiencia pública para analizar el caso relacionado con la muerte del exfuncionario policial y disidente venezolano Óscar Pérez, junto a otras seis personas, durante el operativo militar realizado en enero de 2018 en el sector El Junquito, en Caracas.
El proceso internacional examinará presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la denominada “Masacre de El Junquito”, donde organismos de derechos humanos sostienen que se produjo un uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales en el marco de la operación de seguridad.
De acuerdo con las organizaciones peticionarias, entre ellas Foro Penal y el Robert F. Kennedy Human Rights Center, las víctimas habrían manifestado su intención de entregarse a las autoridades antes de su muerte, lo que será uno de los puntos centrales de discusión ante el tribunal internacional.
En la audiencia también participará un investigador independiente de la organización Bellingcat, quien expondrá hallazgos técnicos derivados de análisis forenses, registros audiovisuales y reconstrucciones digitales de los hechos ocurridos durante el operativo.
El caso involucra además denuncias sobre presuntas violaciones al derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, así como señalamientos de hostigamiento posterior contra familiares de las víctimas.
Óscar Pérez, exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se convirtió en una figura crítica del gobierno venezolano tras protagonizar acciones armadas y mensajes públicos contra la administración de Nicolás Maduro, lo que derivó en una amplia operación de búsqueda por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
Según la documentación presentada ante el sistema interamericano, el operativo desplegado en El Junquito habría involucrado a cientos de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, en una intervención que ha sido calificada por organizaciones internacionales como un hecho de alta gravedad en materia de derechos humanos.
Las audiencias ante la Corte IDH forman parte del proceso de análisis del caso, que busca determinar si el Estado venezolano incurrió en violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como establecer eventuales responsabilidades internacionales.
El expediente se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, y su desarrollo será seguido de cerca por organizaciones internacionales, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos.
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