La Oficina del Gobernador de Colorado anunció este viernes que está recibiendo solicitudes de indulto de migrantes condenados por delitos estatales no violentos que afrontan, o temen enfrentar, posibles deportaciones por esos antecedentes, un proceso abierto hasta el 1 de abril de 2026.
La medida, gestionada por la Oficina de Clemencia Ejecutiva de Colorado, donde gobierna el demócrata Jared Polis, busca ofrecer así una vía de alivio legal a residentes que, pese a haber cumplido sus sentencias, continúan en riesgo de deportación o de perder su estatus migratorio por decisiones judiciales del pasado.
Según la información oficial, un indulto puede convertirse en un paso para garantizar estabilidad, protección y tranquilidad a miles de familias inmigrantes que viven y trabajan en Colorado, muchas de ellas con décadas de residencia en el estado.
Abogados de inmigración y organizaciones comunitarias comenzaron esta semana a difundir la iniciativa en Denver, Aurora, Greeley y otras ciudades con alta población hispana, ante el desconocimiento generalizado sobre la existencia de este tipo de mecanismos legales.
Mandatarios de otros estados, como California y Nueva York, también han concedido indultos a inmigrantes con delitos no violentos.
Procedimiento especial para casos urgentes
La convocatoria incluye un procedimiento especial para casos urgentes, como aquellos en los que existe una orden de deportación pendiente o una audiencia migratoria cercana, con lo que pueden evaluarse de manera acelerada en la Oficina de Asesoría Legal del Gobernador.