La justificación financiera esgrimida por la Casa Blanca sostiene que las entidades bancarias enfrentan elevados riesgos crediticios ante la posibilidad de que los clientes deudores sean deportados del territorio nacional y queden imposibilitados para reembolsar sus obligaciones financieras. El documento presidencial establece de forma categórica que la administración republicana no tolerará vulnerabilidades financieras derivadas de la extensión de servicios bancarios a extranjeros inadmisibles. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó la medida argumentando la necesidad de que los ejecutivos conozcan con precisión el estatus legal o de residencia de sus cuentahabientes.
A pesar de las severas directrices de control, la orden ejecutiva final resultó menos agresiva de lo estipulado en los borradores iniciales de la Casa Blanca gracias a un intenso cabildeo de la industria bancaria que evitó la obligatoriedad absoluta de la norma. Las firmas financieras presionaron durante meses alegando que recopilar obligatoriamente el estatus migratorio desencadenaría costes operativos masivos y trabas burocráticas innecesarias. Al presentarse finalmente bajo una modalidad de recomendación de vigilancia, los bancos lograron sortear una reforma estructural de sus plataformas de captación.
Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes alertaron que la presión sobre las agencias bancarias provocará la exclusión voluntaria de los trabajadores indocumentados del sistema financiero formal. Evaluaciones del Urban Institute demuestran que las personas sin Seguro Social que utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) ya enfrentaban severas restricciones para acceder a créditos hipotecarios y seguros de Fannie Mae. El cambio de reglas se suma a previas reformas del Tesoro que retiraron beneficios fiscales a beneficiarios de los programas DACA y TPS.
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