La justicia de Italia condenó a doce años de prisión al exconsejero Giovanni Castellucci por el colapso del puente Morandi. El tribunal de Génova consideró al exdirectivo culpable del desplome de la icónica estructura ocurrido en agosto de 2018. La sentencia finaliza un extenso proceso judicial que contó con doscientas ochenta y cuatro audiencias y múltiples peritajes técnicos. El veredicto determinó la responsabilidad penal de los administradores por la muerte de 43 personas.
El fallo judicial determinó que Castellucci y otros directivos conocían el avanzado deterioro de la emblemática obra de ingeniería. Según la fiscalía, los acusados prefirieron omitir las reparaciones estructurales necesarias para evitar los elevados costes que implicaba el correcto mantenimiento del viaducto. La pericia técnica concluyó que la corrosión avanzó sin control y provocó que el puente cediera por completo bajo el peso de los automóviles. Esta falta de control facilitó una tragedia que pudo evitarse.
Junto al principal acusado, el tribunal italiano aplicó severas condenas de cárcel contra otros treinta y un ingenieros y exfuncionarios. El exresponsable de mantenimiento de la concesionaria, Michele Donferri, recibió una pena de once años de prisión por su responsabilidad directa. Asimismo, los ingenieros de la filial de inspección, Maurizio Ceneri y Emanuele De Angelis, fueron sentenciados a diez años cada uno por falsificar informes. La resolución judicial busca castigar con firmeza la desidia de la administración.
La defensa del principal sentenciado intentó desvincularlo alegando la existencia de un vicio de diseño oculto insalvable en los planos. Los abogados argumentaron que el creador de la estructura, Riccardo Morandi, recubrió los cables de acero con cemento, lo que impedía las inspecciones visuales necesarias. Sin embargo, los jueces rechazaron estas justificaciones al constatar que la concesionaria ignoró múltiples advertencias previas sobre la preocupante inestabilidad de la vía. Los acusados pretendieron ocultar su responsabilidad en el siniestro.
La víspera de la sentencia, el actual director de la compañía Autostrade per l’Italia pidió disculpas públicas a las familias afectadas. No obstante, la presidenta de la asociación de familiares de las víctimas, Egle Possetti, rechazó el gesto por considerarlo una disculpa sumamente tardía ante el fallo. Ambas empresas implicadas evitaron el juicio penal directo tras acordar el pago de indemnizaciones millonarias a los damnificados. La justicia civil determinó que el dinero no repara la pérdida de vidas humanas.
La catástrofe forzó un cambio drástico en el control de la red de autopistas del país europeo. La influyente familia Benetton se vio obligada a vender sus participaciones financieras debido a la fuerte indignación de la sociedad. La venta se concretó por la suma de ocho mil doscientos millones de euros a favor de una entidad bancaria del Estado. El nuevo viaducto de reemplazo fue inaugurado rápidamente gracias a la firma del arquitecto Renzo Piano.
Tras conocerse la sentencia condenatoria, los abogados defensores de Castellucci confirmaron que apelarán la resolución judicial ante instancias superiores. El exjefe de la red de autopistas cumple actualmente otra pena previa de seis años en prisión por un accidente de autobús. El tribunal genovés publicará los fundamentos detallados de su histórico veredicto en un plazo de tres meses para conocimiento de las partes interesadas. La resolución de estas apelaciones marcará el cierre del proceso judicial.
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