Un grupo de 14 congresistas demócratas de Estados Unidos solicitó al presidente Donald Trump levantar las sanciones económicas impuestas a Venezuela y desbloquear los activos congelados en el exterior para fortalecer la respuesta a la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio.
La petición fue dirigida mediante una carta al mandatario estadounidense, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que los legisladores argumentan que las restricciones económicas dificultan las labores de asistencia y reconstrucción en el país.
En el documento, los congresistas sostienen que, aunque los terremotos fueron un desastre natural inevitable, las sanciones y la inmovilización de recursos financieros limitan la capacidad de respuesta frente a la crisis humanitaria.
Los firmantes, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, Jesús “Chuy” García, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, afirmaron que flexibilizar las medidas permitiría agilizar la atención médica de emergencia, garantizar el suministro de alimentos y ampliar la capacidad para habilitar refugios temporales para las familias afectadas.
Asimismo, señalaron que el acceso a esos recursos facilitaría la remoción de escombros y la reconstrucción de infraestructura esencial, como viviendas, escuelas, hospitales y carreteras.
La iniciativa cuenta con el respaldo de más de una veintena de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Just Foreign Policy, el Center for Economic and Policy Research (CEPR), Latin America Working Group (LAWG) y Peace Action, que consideran que mantener las sanciones durante una emergencia de esta magnitud incrementa el impacto sobre la población civil.
Los congresistas también recordaron que, según estimaciones de organismos internacionales, millones de personas requieren asistencia humanitaria inmediata, mientras los daños ocasionados por los terremotos representan uno de los mayores desafíos para la recuperación del país.
De acuerdo con los legisladores, la suspensión temporal o permanente de las sanciones permitiría a las instituciones venezolanas coordinar con mayor rapidez la atención sanitaria, la distribución de alimentos, la habilitación de refugios y las labores de reconstrucción de las zonas afectadas.
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