Varios congresistas presentaron el lunes la Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho de Venezuela del 2018, una legislación que ampliará la ayuda humanitaria y aumentará la presión económica, política y diplomática sobre el gobierno de Venezuela para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano en restaurar su democracia y la prosperidad en su país.
La medida fue propuesta por el senador estadounidense Marco Rubio (R-FL), presidente del subcomité de relaciones exteriores para el hemisferio occidental, delincuencia transnacional, seguridad civil, democracia, derechos humanos y asuntos globales de la mujer, junto a los senadores Bob Menendez (D-NJ), Bill Nelson (D-FL), John Cornyn (R-TX), Dick Durbin (D-IL), Ben Cardin (D-MD), David Perdue (R-GA), Ted Cruz (R-TX), Tim Kaine (D-VA), Michael Bennet (D-CO), y Patrick Leahy (D-VT) .
“A medida que el régimen corrupto de Nicolás Maduro adopta una dictadura al estilo cubano y comete crímenes de lesa humanidad, incluyendo el uso forzado del hambre a sus ciudadanos para la coerción política, es vital que los Estados Unidos y nuestros aliados brinden ayuda humanitaria directa a los venezolanos”, dijo el senador Rubio.
“El legado socialista de Maduro ha devastado una economía vibrante y una nación que una vez fue rica. Me enorgullece el trabajar con mis colegas en un proyecto de ley bipartidista para garantizar que nuestra nación y nuestros aliados estén preparados en ayudar a restablecer el estado de derecho en Venezuela”, añadió Rubio.
Por su parte, el senador Menéndez aseguró que la propuesta bipartita “es la respuesta más expansiva y consecuente a la crisis venezolana hasta la fecha, proporcionando la ayuda humanitaria, presión política y económica necesarias para que el país vuelva al camino de la democracia”. Además criticó que “Mientras la catástrofe humanitaria de Venezuela crece a diario, Maduro traiciona las necesidades más urgentes de su pueblo, al tiempo que su círculo de secuaces más cercano saquea las arcas del Estado y se enriquecen de sus turbios negocios con el narcotráfico”.
Entre los puntos clave que propone la ley están:
Ayuda humanitaria para Venezuela: $40 millones adicionales en asistencia humanitaria y un requisito para que el Departamento de Estado realice una conferencia de donantes y avance los esfuerzos en las Naciones Unidas
Restaurar la democracia y enfrentar la crisis política en Venezuela: Apoyo del Congreso a los esfuerzos internacionales para responsabilizar a los funcionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad;
Requisito de que el Departamento de Estado, el Departamento Hacienda y el Departamento Justicia lideren los esfuerzos internacionales para congelar y recuperar los fondos financieros corruptos de funcionarios venezolanos;
Planificación acelerada con instituciones financieras internacionales sobre la reconstrucción económica de Venezuela, condicionada a la restauración de la gobernabilidad democrática;
Ampliar sanciones a los funcionarios del gobierno, al tráfico de drogas y el lavado de dinero y la deuda del gobierno venezolano;
Requisito para que el Departamento de Estado trabaje con los gobiernos de América Latina en establecer sus propios programas de sanciones para aumentar la coordinación de las sanciones con los aliados europeos y latinoamericanos;
Aumento de los informes de inteligencia sobre el papel de los funcionarios venezolanos en casos de corrupción y tráfico de drogas, así como el rol de actores extranjeros en Venezuela.
Codificación de sanciones sobre la criptomoneda venezolana y las tecnologías relacionadas, y un informe sobre el impacto de las criptomonedas en las sanciones de los Estados Unidos a nivel mundial.
EE.UU. eleva la presión sobre Maduro y sanciona a su esposa Cilia Flores
El Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones económicas contra “el círculo cercano” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incluida su esposa, Cilia Flores, y un testaferro de Diosdado Cabello, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
“El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantener su control del poder, a medida que su régimen sistemáticamente saquea la riqueza de Venezuela. Continuamos sancionando a sus socios más leales que permiten que Maduro refuerce su control sobre los militares y el Gobierno mientras el pueblo sufre”, indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
También son objeto de estas sanciones tres de los altos cargos más cercanos a Maduro: la excanciller y actual vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez; el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez; y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.
El Tesoro estadounidense remarcó, no obstante, que este castigo “no es permanente” y que tiene como meta “cambiar el comportamiento” de Caracas.
Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los activos que estas personas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones financieras con entidades o personas del país.
Entre esos activos, figura la propiedad de un avión privado Gulfstream 200, ubicado en Florida y con un valor estimado de 20 millones de dólares, propiedad de Rafael Sarria, considerado el principal testaferro de Cabello.
En el comunicado, el Tesoro identificó varias empresas vinculadas a Sarria, como la Agencia Vehículos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. (AVERUCA), con sede en Venezuela; Quiana Trading Limited, compañía basada en las Islas Vírgenes Británicas; y Panazeate, con sede en Valencia, España.
El Gobierno del presidente, Donald Trump, ahonda así su presión sobre Venezuela, después de que tomase medidas similares contra el propio Maduro y Cabello, tras calificar de manera reiterada la crisis venezolana como una tragedia humanitaria.
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