El contralor general de la República, Anel Flores, negó la existencia de un presunto “negociado” relacionado con el etanol, en medio del debate público generado por un proyecto de ley que busca incentivar la inversión en el sector de los biocombustibles y el agro panameño. Las declaraciones se produjeron en el contexto de cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, debido a la vinculación del funcionario con la industria azucarera.
Flores rechazó de manera categórica las acusaciones y aseguró que en Panamá no existe actualmente producción de caña destinada a la elaboración de etanol, por lo que, según afirmó, no puede hablarse de beneficios directos ni de negociaciones irregulares en torno a este biocombustible. Asimismo, sostuvo que en el país no hay plantas construidas para la producción de etanol y que cualquier desarrollo en ese ámbito corresponde a planes futuros.
El debate se intensificó tras la presentación, en octubre pasado, de un proyecto de ley llevado a la Asamblea Nacional por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. La iniciativa propone modificaciones a la Ley 42 de 2011 y al Código Fiscal, con el objetivo de regular permisos vinculados al programa de biocombustibles y establecer incentivos para atraer inversión al sector agroindustrial y de biocombustibles.
En ese contexto, el contralor explicó que el proyecto contempla la posibilidad de importar etanol sin exclusividades, y señaló que la industria azucarera nacional ha planteado que, en caso de desarrollarse este mercado, se priorice la adquisición de producción local, bajo un esquema similar al que rige para otros productos agrícolas.
Flores también indicó que, de concretarse la producción de etanol en el país, el sector proyecta inversiones millonarias en infraestructura, tecnología y expansión agrícola, así como la generación de miles de empleos. No obstante, reiteró que dichos escenarios corresponden a planes de desarrollo y no a una realidad operativa actual.
Pese a estas aclaratorias, diversos sectores políticos y sociales han expresado su preocupación por un posible conflicto de interés, debido a la participación del contralor como accionista en una de las principales centrales azucareras del país, actividad que podría verse relacionada con futuras políticas sobre biocombustibles.
El proyecto de ley continúa en análisis dentro de la Asamblea Nacional y se mantiene abierto el debate sobre sus implicaciones económicas, institucionales y éticas para el país.