«Nuestros residentes, economías y presupuestos municipales directamente sufren las consecuencias cuando la reforma migratoria se atasca», dijo Garcetti a través de un comunicado. «Avanzar en estas reformas es humano y es un imperativo económico, y estamos unidos para asegurarnos que esta importante política siga hacia adelante», señaló.
El esfuerzo de los alcaldes a nivel nacional busca frenar el avance de los detractores del alivio migratorio lo que ha generado una guerra de demandas a favor y en contra del mismo.
La demanda Texas contra EEUU fue presentada por un grupo de gobernadores de 26 Estados que se oponen al alivio migratorio de Obama.
Mientras el caso sigue pendiente en la Corte de Distrito de EEUU en el Sur de Texas, el líder de la oposición republicana John Boehner está preparando acciones legales contra las medidas migratorias unilaterales anunciadas por Obama el 20 de noviembre pasado.
Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, explicó hoy en una reunión a puerta cerrada con otros legisladores que su equipo está «finalizando» un plan para autorizar acciones legales contra esas medidas, según informaron a medios locales fuentes presentes en ese encuentro.
De acuerdo con esas fuentes, la resolución que se está preparando daría autoridad a la Cámara Baja para adoptar «una variedad de opciones legales» contra las acciones ejecutivas de Obama, entre ellas unirse a la demanda presentada por la coalición de 26 Estados o iniciar un recurso distinto.
Nevada y Tennessee se unieron ayer lunes a esa coalición de Estados que denunció el año pasado a Obama ante una corte de Brownsville (Texas). Así, ya son más de la mitad de los 50 que integran el país, los que consideran que el Presidente se extralimitó en sus poderes con sus medidas migratorias.
La anexión de Nevada a la demanda anti-alivio migratorio tomó por sorpresa a los activistas de este Estado. «Nos cayó de sorpresa este anuncio. No vamos a dejar que quede en silencio lo que está haciendo el Gobierno de Nevada en contra de nuestras familias. Trataron de hacer todo esto en secreto para evitar mostrar sus verdaderas caras hacia los inmigrantes», dijo a la agencia de noticias Efe la organizadora de inmigración de la organización Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN), Astrid Silva.
La «soñadora» afirmó que estudiarán posibles acciones «en conjunto con otras organizaciones» para que Sandoval «sepa que no queremos estar en este listado y que vamos a luchar para que no trascienda esta decisión».
«No permitiremos más separaciones de familia», aseveró Silva en referencia a la decisión de Sandoval y del fiscal general de Nevada, Adam Laxalt, ambos republicanos.
En Nevada viven 145,000 indocumentados y 53,000 de ellos son elegibles para la Acción Diferida, según PLAN, que apunta que allí existe la tasa más alta de residentes indocumentados en relación a su población total.
Mi Familia Vota Nevada es otra de las organizaciones desilusionadas por la decisión del gobierno estatal. «Estamos decepcionados de que el gobernador haya decido formar parte de esta demanda contra las acciones ejecutivas dadas por el presidente. Esta noticia solo confirma que está en contra de casi 100,000 nevadenses que ayudarían a fortalecer nuestra economía estatal y a mantener nuestras familias juntas», señaló su directora, Ebeth Palafox. «Estamos al tanto de los ataques a nuestra comunidad, y estamos listos para defendernos», adelantó.
Los Estados que han presentado la demanda en contra del alivio migratorio son Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, West Virginia, Wisconsin, Nevada y Tennessee.
Por su parte, otros doce estados y el Distrito de Columbia, al que pertenece Washington, defenderán las medidas del Presidente durante el proceso, cuya primera sesión se celebró el 15 de enero en una corte federal de Brownsville (sur de Texas).
Obama anunció en noviembre pasado el alivio migratorio Acción Diferida para padres de hijos ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, en inglés) y la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
En rechazo a esas medidas, la Cámara de Representantes aprobó el 14 de enero un proyecto de ley para dotar de fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que, a la vez, retira los recursos destinados a las acciones en materia migratoria del presidente.
Ese proyecto debe ser ahora votado en el Senado antes de que expire, el 27 de febrero, la financiación para el DHS.
Al respecto, la líder de los demócratas en la Cámara baja, Nancy Pelosi, alertó hoy en un comunicado de que «apenas queda un mes» para que venza ese plazo, y denunció que los planes de Boehner para demandar a Obama son una nueva muestra de la «aversión» de los republicanos hacia los inmigrantes y hacia el Presidente.
«Los republicanos deberían dejar de gastar millones de dólares de los contribuyentes en demandas contra el Presidente y empezar a mostrar un poco de seriedad», subrayó Pelosi.
En noviembre, un día después del anuncio de las medidas migratorias, los republicanos demandaron al Gobierno de Obama por los cambios que realizó por decreto en la reforma sanitaria promulgada en 2010 para facilitar su implementación.
Mientras detractores y partidarios de la acción ejecutiva se encierran en una batalla sin cuartel, millones de indocumentados esperan la luz verde para poder aplicar al alivio migratorio.
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