Pese a ello, logró emitir un voto en las elecciones federales celebradas en octubre de 2020.
La investigación fue desarrollada por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), con la colaboración del Departamento de Estado y autoridades electorales de Florida, quienes detectaron inconsistencias entre los registros migratorios y la información proporcionada por el acusado al momento de inscribirse como votante.
Tras la investigación, el caso fue llevado ante la justicia federal, donde Figueredo finalmente se declaró culpable de los cargos relacionados con el registro y la participación ilegal en una elección federal.
El fiscal federal Jason Reding Quiñones destacó la importancia de proteger la integridad del sistema electoral estadounidense y recordó que únicamente los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a votar en elecciones federales.
“Solo los ciudadanos de Estados Unidos pueden votar en elecciones federales”, señaló el fiscal al anunciar el resultado del proceso judicial.
Las autoridades indicaron además que Figueredo fue uno de tres extranjeros condenados en casos separados por participar ilegalmente en elecciones federales, lo que refleja el aumento de las investigaciones destinadas a detectar registros electorales realizados por personas que no cumplen los requisitos legales para votar.
Expertos en inmigración han advertido durante años que declarar falsamente ser ciudadano estadounidense puede acarrear algunas de las consecuencias migratorias más severas contempladas por la ley. Además de enfrentar cargos criminales, las personas involucradas pueden perder beneficios migratorios, quedar sujetas a procedimientos de deportación y enfrentar obstáculos permanentes para regularizar su situación en el futuro.
El caso sirve también como recordatorio para residentes permanentes y otros inmigrantes de que poseer una Green Card, un permiso de trabajo o cualquier otro beneficio migratorio no otorga el derecho a participar en elecciones federales, una facultad reservada exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses.
Las autoridades federales reiteraron que continuarán investigando y procesando este tipo de delitos como parte de sus esfuerzos para garantizar la integridad y legalidad de los procesos electorales en Estados Unidos.
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