El presidente nicaragüense Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones que puedan permitir el acceso de la oposición al Gobierno y adelantó que impulsará nuevas leyes para bloquear cualquier intento opositor de alcanzar el poder.
Durante un acto en Managua por el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega aseguró ante sus seguidores que los comicios no serán utilizados para provocar un cambio político en el país.
Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró.
El mandatario también defendió la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2018, calificando los hechos como una lucha contra un supuesto intento de golpe de Estado. Las manifestaciones, que dejaron decenas de muertos y desencadenaron una fuerte crisis política, fueron señaladas por organismos internacionales como una respuesta represiva del Estado contra opositores y ciudadanos.
Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, aseguró que trabajará junto a la Asamblea Nacional y organizaciones afines para crear leyes que impidan el regreso de sus adversarios políticos. El líder sandinista acusó a opositores exiliados de buscar recuperar el poder con apoyo extranjero.
Las declaraciones de Ortega ocurren meses después de una reforma constitucional impulsada por su Gobierno en febrero de 2025, que modificó la estructura del Estado y fortaleció el control del Ejecutivo encabezado por Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La reforma creó la figura de “copresidenta” para Murillo, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la independencia formal de otros órganos del Estado al establecer una coordinación directa del Ejecutivo sobre ellos.
Los cambios generaron críticas de organismos internacionales, entre ellos la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y el Parlamento Europeo, que cuestionaron el debilitamiento institucional y democrático en Nicaragua.
Con la nueva normativa, las elecciones generales previstas originalmente para noviembre de 2026 fueron desplazadas y, según el nuevo calendario constitucional, podrían realizarse en 2027.
El Gobierno de Estados Unidos también ha criticado el ascenso político de Rosario Murillo, señalando que la creación del cargo de “copresidenta” no surgió de un proceso electoral y carece de legitimidad democrática.
Washington ha acusado a Ortega y Murillo de restringir los derechos políticos de los nicaragüenses mediante represión, persecución a opositores y modificaciones legales destinadas a mantener el control del poder.
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