La corrupción en Venezuela no solo se mide en los más de 240 proyectos inconclusos que quedaron sembrados a lo largo del país como monumentos al despilfarro. También se cuenta en mansiones, yates, aviones privados, obras de arte, relojes de colección, cuentas bancarias millonarias y vehículos de lujo dispersos por tres continentes, según destaca Transparencia Internacional Venezuela en un reciente informe.
Detrás de cada uno de esos bienes –detalla la ONG- aparece una misma historia: recursos públicos desviados desde el Estado venezolano, especialmente desde Petróleos de Venezuela (Pdvsa), hacia redes de funcionarios, empresarios y operadores financieros que durante años construyeron fortunas mientras el país se hundía en una emergencia humanitaria sin precedentes.
El documento revela que entre 2009 y abril de 2026 las autoridades judiciales internacionales identificaron al menos 719 bienes relacionados con tramas de corrupción de origen venezolano, valorados en US$3.993.862.935. De ellos, 287 ya fueron decomisados de manera definitiva y otros 432 permanecen congelados o sujetos a confiscación.
La investigación documenta además la participación de al menos 113 personas y empresas vinculadas a operaciones de lavado de dinero, sobornos y desfalco de recursos públicos en 30 jurisdicciones internacionales.
El mapa mundial del saqueo
Las propiedades rastreadas se encuentran en 21 países.
Estados Unidos encabeza la lista de naciones que han avanzado en la recuperación de activos provenientes de la corrupción venezolana. Allí se han decomisado 274 bienes.
Le siguen Italia y Colombia con 12 confiscaciones cada una, mientras que otros activos han sido identificados en Suiza, España, Argentina, Panamá, Bahamas, República Dominicana, Reino Unido, Islas Mauricio, Andorra y otros territorios donde terminaron los fondos extraídos del patrimonio público venezolano.
Entre los bienes identificados aparecen: 142 cuentas bancarias, 57 inmuebles, 38 joyas y relojes, 25 vehículos, 17 caballos, cuatro yates, tres aviones, acciones empresariales y fondos de inversión. Las cuentas bancarias y sumas de dinero representan el 33,6 % del total de activos identificados, mientras que las joyas y relojes concentran 24,7 % y los inmuebles 22,2 %.
Corruptos mencionados
En el informe se destacan los nombres de algunos de los protagonistas de algunas de las mayores tramas de corrupción vinculadas con Venezuela. Resalta Alejandro Andrade, guardaespaldas de Hugo Chávez y posteriormente tesorero nacional, a quien la justicia estadounidense señaló por participar en un esquema de sobornos superior a US$1.000 millones.
Andrade se declaró culpable y fue condenado en 2018. “Es además la persona con mayor cantidad de bienes decomisados: 87 activos entre relojes de lujo, caballos, vehículos, cuentas bancarias, efectivo e inmuebles”, destaca el documento.
También señala a José Luis De Jongh Atencio, un exgerente de Proyectos Especiales de Citgo, filial de Pdvsa, quien recibió cerca de USD 7.000.000 en sobornos a cambio de beneficiar a empresarios con ciertos contratos y por ello fue condenado a cuatro años de prisión.
A De Jongh se le confiscó la suma USD 8.887.759,62 que había usado para comprar 15 propiedades, varias de ellas ubicadas en Texas, y depositar en cinco cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza.
En el documento sobresale Raúl Gorrín Belisario, dueño de Globovisión y capturado en enero, tras la captura de Nicolás Maduro en la Operación Resulución ordenada por Donald Trump, por el gobierno de Delcy Rodríguez.
La ONG resalta que las autoridades estadounidenses le congelaron a Gorrín más de US$22 millones en propiedades vinculadas al empresario, considerado uno de los hombres más influyentes del entorno chavista durante años.
Igualmente aparece Francisco Convit Guruceaga, uno de los principales acusados en el caso Money Flight, una operación que movilizó alrededor de US$1.200 millones mediante mecanismos financieros asociados al control cambiario venezolano. Actualmente, Convit Guruceaga, permanece prófugo y con activos congelados en varias jurisdicciones.
El reporte incluye además a Álex Saab, entregado por Delcy Rodríguez a Estados Unidos, al figurar en investigaciones sobre los contratos de importación de alimentos para los CLAP, un esquema por el cual Venezuela desembolsó aproximadamente US$1.600 millones y que derivó en órdenes de decomiso superiores a US$1.607 millones.
El caso Maduro y los activos bajo sospecha
La investigación también incorpora activos asociados a una red identificada por autoridades estadounidenses como controlada directamente por Nicolás Maduro.
En agosto de 2025 se informó sobre la confiscación de bienes valorados en más de US$700 millones relacionados con esa estructura. Posteriormente, Suiza anunció el congelamiento de aproximadamente US$307 millones pertenecientes a personas vinculadas al entorno político y familiar del exmandatario.
Sin embargo, las autoridades suizas no revelaron la identidad de todos los titulares de los fondos bloqueados, una situación que dificulta el rastreo integral de los recursos.
La creación de un fondo independiente
Más allá de los decomisos, Transparencia Venezuela plantea una pregunta de fondo: ¿quién administrará esos recursos cuando llegue el momento de devolverlos?
La organización, junto con la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), insiste en la creación de un fondo internacional independiente y autónomo que sirva como custodio de los bienes recuperados producto de la corrupción.
La propuesta busca evitar que esos recursos regresen a circuitos de opacidad o vuelvan a ser utilizados políticamente. La idea es que los activos recuperados permanezcan protegidos bajo supervisión internacional hasta que Venezuela cuente con una institucionalidad legítima, respaldada constitucionalmente y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Ese fondo tendría una misión concreta: transformar el dinero del saqueo en inversión social: Escuelas reconstruidas, hospitales equipados, sistemas eléctricos recuperados, redes de agua potable rehabilitadas e infraestructura pública rescatada.
Para Transparencia Venezuela, la recuperación de activos no puede limitarse a castigar a los responsables. “El objetivo final debe ser que los recursos regresen a quienes realmente pertenecen: los ciudadanos venezolanos”, señala.
Una fortuna que aún podría ser mayor
Los casi US$4.000 millones identificados representan apenas la porción visible de una estructura internacional de corrupción que operó durante décadas.
La propia organización reconoce que existen enormes vacíos de información, especialmente por la falta de cooperación de las instituciones venezolanas y la opacidad que rodea numerosos expedientes.
De hecho, mientras tribunales de Estados Unidos, Suiza, España, Italia, Colombia y otros países han documentado cientos de activos, Venezuela no ha reportado formalmente buena parte de las incautaciones anunciadas dentro de sus fronteras, incluyendo más de 1.000 propiedades vinculadas al escándalo Pdvsa-Cripto.
Por eso, para los investigadores, la cifra de US$3.993 millones no representa el tamaño real del saqueo, sino apenas una parte de una fortuna que todavía permanece oculta en cuentas bancarias, empresas de fachada y patrimonios dispersos alrededor del mundo.
La verdadera dimensión del desfalco a Venezuela sigue siendo una deuda pendiente por cuantificar. Y también por devolver.
EL MAPA DE LOS DECOMISOS:
LOS BIENES IDENTIFICADOS A LAS REDES CORRUPTAS DE VENEZUELA
SUPERAN LOS USD 3.900 MILLONES
Mayo 2026
Entre 2009 y abril de 2026, la justicia internacional ha identificado al menos 719 bienes con un valor aproximado de USD 3.993.862.935,04
La dimensión de la corrupción en Venezuela se mide en las más de 240 obras inconclusas de los megaproyectos de infraestructura encomendados a la empresa Odrebrecht, la destrucción sistemática de los servicios públicos y la cooptación del sistema de justicia para legitimar las decisiones del Poder Ejecutivo. También se calcula en yates, aviones, obras de arte, apartamentos y vehículos de lujo adquiridos en 21 países por una red de exfuncionarios y empresarios que han desviado miles de millones de dólares del Estado a través de complejas operaciones financieras, succionando en forma constante y sin pausa dinero de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa).
De ese total de 719 bienes, al menos 287 han sido decomisados a 113 agentes personas y empresas y otros 432 bienes están sujetos a decomiso o están asegurados.
719 bienes
USD 3.993.862.935,04
La suma consolidada de todos los activos bajo control judicial o administrativo.
287 BIENES DECOMISADOS
USD 1.314.107.962,68
Representa el valor total de los activos que han retirados definitivamente de la circulación ilícita.
432 BIENES CONGELADOS
USD 2.679.754.972,36 Activos que se mentienen asegurados o inmovilizados preventivamente por las autoridades competentes.
La persona con más bienes decomisados es el extesorero de la Nación, Alejandro Andrade Cedeño, con 87 propiedades, mientras que en la categoría de bienes sujetos a decomiso la persona que más acumula propiedades u objetos de valor es María Lila Bravo de Rincón esposa de Roberto Enrique Rincón Fernández con 166 bienes, cuyo estatus se desconoce en especial luego que en 2023 una juez española sobreseyó provisionalmente la causa en su contra, , aunque su esposo y agente central de una trama que desfalcó a Pdvsa se declaró culpable y fue condenado en Estados Unidos.
Si consideramos solo los 287 bienes confiscados hasta abril de 2026 se identifican ocho tipos de propiedades: 142 cuentas bancarias, 57 inmuebles, 38 joyas y relojes, 25 vehículos, 17 caballos, 4 yates, 3 aviones y 1 acción.
En esta lista están incluidos varios activos pertenecientes a una red controlada directamente por Nicolás Maduro, valorados en más de USD 700.000.000 y decomisados en agosto de 2025.
De acuerdo con los documentos judiciales y publicaciones sobre 30 casos con bienes decomisados, las propiedades han sido identificadas en 12 países: Estados Unidos, Suiza, Italia, Colombia, Argentina, Bahamas, Isla de Man, Israel, Islas Mauricio, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
El rastro y los dueños del botín
Autoridades de países como Estados Unidos, España, Suiza, Argentina y Colombia han señalado la participación de al menos 113 agentes, entre personas y empresas, en operaciones de lavado de dinero que comprometieron recursos públicos asignados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Aunque Transparencia Venezuela contabiliza 176 casos de corrupción con origen en Venezuela, que se investigan en 30 jurisdicciones, las autoridades solo han dictado medidas de congelamiento o decomiso de propiedades en 48 casos en tribunales de Estados Unidos, España, Colombia, Suiza, Andorra, Argentina, Bulgaria, Francia e Italia.
Estados Unidos es el país con el mayor número de expedientes abiertos por lavado de dinero proveniente de Venezuela y lidera la lista con 274 bienes que han sido decomisados y que son producto de la corrupción en Pdvsa principalmente, seguido por Italia (12), Colombia (12), y Argentina (1).
El extesorero de Venezuela y ex guardaespaldas de Hugo Chávez, Alejandro Andrade Cedeño, acumula 87 activos decomisados por las autoridades estadounidenses: 35 relojes, 17 caballos, 15 vehículos, 9 cuentas bancarias, 6 sumas de dinero en efectivo y 5 inmuebles.
Andrade se declaró culpable de participar como tesorero de la Nación en un esquema de sobornos por más de USD 1.000 millones, fue sentenciado a 10 años de cárcel en 2018, pero logró rebajar el 65% de su condena al colaborar con la justicia y está en libertad desde febrero de 2024. Otros 26 inmuebles y cuentas bancarias están vinculados a José Luis De Jongh Atencio, un exgerente de Proyectos Especiales de Citgo, filial de Pdvsa, que recibió cerca de USD 7.000.000 en sobornos a cambio de beneficiar a empresarios con ciertos contratos.
Fue condenado a cuatro años de prisión y se le confiscó USD 8.887.759,62 que había usado para comprar 15 propiedades, varias de ellas ubicadas en Texas, y depositar en cinco cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza.
En registros de Transparencia Venezuela, varios tribunales de Estados Unidos cerraron casos sin que se haya cubierto la cantidad de dinero establecida en las órdenes de decomiso. La Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav) asegura que esta situación se repite con 24 acusados.
Uno de ellos es el exfuncionario de Pdvsa, José Orlando Camacho Figueroa, sentenciado en 2021 a 12 meses de prisión por lavado de dinero y a quien se le impuso un decomiso de USD 1.318.648, que fue cubierto en un 75% a través de cuatro pagos realizados ante el tribunal por USD 252.343,66; USD 83.576,45; USD 632.608,20 y USD 25.000.
De acuerdo con el expediente, Camacho Figueroa estaba encargado de seleccionar a las empresas que licitaban con Pdvsa y a cambio de sobornos entregó información confidencial.
Una situación similar ocurre con Carmelo Urdaneta Aquí, un funcionario de alto nivel de Pdvsa, sentenciado en junio de 2022 a 52 meses de cárcel por la trama Money Flight, un caso por el que, a través de préstamos otorgados a Pdvsa, un grupo de funcionarios y empresarios se aprovechó del sistema de control de cambio impuesto en Venezuela para lavar USD 1.200 millones, en Estados Unidos, Suiza, España, Panamá, Reino Unido e Islas Mauricio. Pese a que el tribunal le ordenó entregar USD 49.265.050,85 que obtuvo como ganancia de estas operaciones ilícitas, Urdaneta Aquí pagó apenas USD 9.294.159,72 como resultado de la venta de un inmueble en Florida, una cuenta bancaria en Suiza y unas acciones de una empresa registrada en Islas Mauricio. En total, el tribunal identificó 28 bienes: 15 en Panamá, 5 en Estados Unidos, 3 en España, 3 en Suiza, 1 en Islas Mauricio y 1 en Reino Unido.
En la lista de bienes decomisados siguen Italia y Colombia con 12 confiscaciones a Álex Saab y su esposa Camilla Fabri, grandes protegidos de Maduro; y Argentina con USD 790.550 que intentó ingresar en 2007 el empresario Antonini Wilson desde Venezuela con el propósito de financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Esta cantidad fue decomisada, pero no devuelta a Venezuela, sino invertida en la construcción de dos centros de educación inicial en Argentina.
La fortuna venezolana atrapada en 16 países
La cantidad de bienes que se mantienen congelados producto de la corrupción en Venezuela es aún mayor. Como ya se ha dicho, en 16 países se han asegurado o están sujetos a posible decomiso al menos 432 bienes que representan alrededor de: USD 2.679.754.972,36
Gran cantidad de estas propiedades se encuentra en España (234). Se trata de apartamentos lujosos, edificios, obras de arte, relojes y joyas compradas por un grupo de personas que hicieron negocios con Pdvsa y están siendo investigadas o sus causas están paralizadas. Es el caso de Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa (posteriormente identificado, por cambio de apellidos, como Javier Ochoa Alvarado), Luis Fernando Vuteff y María Lila Bravo de Rincón.
El valor aproximado de estos bienes está por el orden de los € 166.891.092 y USD 6.506.135
Al menos 70% de los bienes asegurados (166) en territorio español pertenece a María Lila Bravo de Rincón, esposa del empresario Roberto Enrique Rincón Fernández, procesado y condenado en Estados Unidos por desfalco a Pdvsa1. Desde 2018 la mujer está bajo la mirada de la justicia española, aunque en junio de 2023 la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón la libró de culpas de forma provisional por considerar que no había evidencia de su participación en hechos de corrupción, sin considerar que ocupó cargo directivo en Tradequip, empresa señalada en España de desviar recursos de Pdvsa a través de la venta de sistemas de seguridad. Según el hallazgo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España en una de las propiedades, Bravo de Rincón tenía en su poder un joyero valorado en € 12.000.000: solo un anillo tenía un costo de € 3.000.000 y otro de € 2.500.000
En Estados Unidos, no solo hay decomisos definitivos, sino que varios de los acusados están prófugos de la justicia y sus bienes se mantienen congelados. En 2018, un tribunal del Distrito Sur de
Florida acusó a Francisco Convit Guruceaga de conspirar para lavar dinero a partir de estas transacciones ilícitas que sumaron USD 1.200 millones por el caso Money Flight. El juez lo declaró fugitivo y le incautó USD 45.585.667,46, así como activos ubicados en Bahamas, Suiza y Reino Unido.
Convit Guruceaga es un empresario que también es investigado en España junto a sus socios en Derwick Associates de Venezuela S.A., Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López, por lavado de dinero y delitos contra la hacienda pública, en un esquema denominado Operación Atlantic que comprometió USD 4.850 millones de Pdvsa.
Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario también está prófugo de la justicia estadounidense. Es el dueño de un emporio en Venezuela y su nombre es mencionado en al menos tres expedientes en España y Estados Unidos, entre esos Money Flight. En 2020, un tribunal venezolano cerró el caso en el que era investigado por esa misma trama de corrupción.
Aunque en Venezuela ha gozado de su fortuna y protección gubernamental, Estados Unidos le ha congelado USD 22.420.294 en al menos 12 inmuebles ubicados en zonas exclusivas de Nueva York y Florida, como parte del caso de sobornos que involucra al extesorero de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño. Entre 2019 y 2026, el tribunal ha emitido en su favor avisos de liberación de al menos 12 inmuebles que le pertenecen al empresario. Al menos un mes después de la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 3 de enero, fuentes extraoficiales señalaron que Gorrín Belisario habría sido aprehendido, pero ninguna autoridad lo había confirmado al menos hasta finales de mayo de 202611.
Una de las medidas más recientes en torno al congelamiento de activos proveniente de la corrupción en Venezuela la tomó Suiza.
Muy pocas horas después de la operación militar de Estados Unidos que implicó la captura de Nicolás Maduro, las autoridades suizas anunciaron el aseguramiento de todos los bienes que pudiera tener en ese país el exmandatario y otras 36 personas12, entre ellas su esposa Cilia Flores, sus hijastros Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores, Carlos Erik Malpica Flores, Alejandro Betancourt López, Rafael Ramírez Carreño y Nervis Villalobos Cárdenas.
Alrededor de USD 307 millones (239 millones de francos suizos) fueron bloqueados con esta medida. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza, los fondos pertenecían a 21 personas del total13; sin embargo, no especificó la identidad “por motivos legales”. Esta falta de precisión dificulta ubicar y relacionar los bienes con los agentes que las autoridades han identificado.
Los casos de Saab y Gorrín: Ejemplos de la opacidad en la justicia venezolana.
En Argentina, hasta febrero de 2026 el empresario argentino Juan José Levy tuvo sus bienes congelados por orden de un tribunal que lo acusaba de hacer negocios con Venezuela a través de la exportación de productos con supuestos sobreprecios1. Tras varios años de investigaciones, la justicia argentina declaró la inexistencia de delitos, sobreseyó a Levy y liberó sus bienes.
Transparencia Venezuela tenía entre sus registros un total de 15 activos entre inmuebles y cuentas bancarias que le pertenecen a Levy. El valor aproximado sobrepasa los USD 15.000.000.
Guía para desaparecer millones de dólares
Los expedientes judiciales y las investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción evidencian varios mecanismos usados por los acusados para cometer el desfalco y posteriormente lavar el dinero proveniente de Venezuela:
- Empleo de empresas de maletín que simulan contratos, servicios o préstamos.
- Aprovechamiento del control de cambio.
- Uso de testaferros.
- Sobreprecios en contratos y sobornos a funcionarios a cambio de asignación de contratos.
- Uso de cuentas bancarias en distintas jurisdicciones: Por lo general el dinero desviado termina en entidades financieras de varios países, cuentas que son usadas para invertir en activos como empresas, inmuebles, vehículos, caballos y artículos de lujo.
Transparencia Venezuela presenta varios casos que muestran cómo han operado estas redes de funcionarios y empresarios:
El empresario argentino Luis Fernando Vuteff, fue procesado y condenado en Estados Unidos por su participación en Money Flight, un esquema por el que un grupo de empresarios prestó a Pdvsa Bs 14.400.000.000 entre 2014 y 2015, y recibió a cambio USD 1.200.000.000.
Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina aseguró que el empresario compró cuatro inmuebles, dos vehículos de lujo y adquirió más de USD 1.000.000 en el mercado cambiario entre 2015 y 2018, lapso en el que no tenía ingreso formal en ese país. El dinero que obtuvo de los negocios ilícitos con Pdvsa también terminó en Estados Unidos, Suiza, Paraguay y España.
Vuteff fue procesado a finales de mayo de 2026 por la justicia argentina por el delito de lavado de dinero “con habitualidad” y se acordó embargarle en ese país USD 5,1 millones por disposición del juez federal argentino, Marcelo Aguinsky.
Entre enero de 2010 y septiembre de 2017, un mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Nepmar Jesús Escalona Enríquez17, presentó falsas solicitudes de asignación de divisas ante Cadivi para importar alimentos a Venezuela. De acuerdo con el documento oficial, usó a la empresa Alimentos Berrios C.A. para la supuesta compra en Brasil de un compuesto químico que costaba alrededor de € 1.500.000. Cadivi aprobó la solicitud en mayo de 2014 y la empresa transfirió desde su cuenta en Banesco hasta una cuenta de Ka-mar Trading en el Banco do Brasil.
La fiscalía de Estados Unidos identificó que Escalona Enríquez pidió a sus socios transferir parte del dinero a cinco bancos del sistema financiero estadounidense. Los fondos provenían de una cuenta en Hong Kong, China. El 30 de junio de 2014 se transfirieron USD 33.352,44 al Wells Fargo Bank; USD 100.057 al UBS AG; y USD 8.338 al Mercantil Commercebank. El 9 de julio de 2014, una cuenta del UBS AG recibió USD 200.000. Y el 29 de diciembre de 2014 se transfirieron USD 79.100 al Bank of America.
El tribunal que lo condenó le impuso un decomiso de USD 841.649,88, que fue pagado en su totalidad.
El nombre de Luis Mariano Rodríguez Cabello se conoció en Venezuela en 2017, tras la detención de Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez Carreño. Rodríguez Cabello ha sido identificado como el testaferro de Salazar, con quien era socio en alrededor de 100 empresas en Venezuela, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público venezolano.
La Fiscalía venezolana acusó al empresario de haber participado en el desvío de más de USD 2.000 millones de Pdvsa, fondos que terminaron en cuentas opacas de la Banca Privada de Andorra (BPA). En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia solicitó su extradición a España. Medios internacionales como The Wall Street Journal también aseguraron que bancos como Morgan Stanley le administraron cuentas por unos USD 100.000.000, pese a las sospechas de que ese dinero provenía de actividades ilícitas.
En 2023, el Gobierno de Andorra embargó USD 55.000.000 provenientes de presuntos sobornos que habrían cobrado funcionarios venezolanos para asignar contratos sobrevalorados con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, entre 2007 y 2012. Rodríguez Cabello fue objeto de esta medida, que implicó el aseguramiento de USD 8.600.000.
En 2021, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, señaló a una red de corrupción vinculada con Álex Saab que pagó sobornos para beneficiarse de lucrativos contratos de importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Los acusados, entre los que se encuentra el exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora1, habrían inflado el precio de los productos para pagar sobornos y enriquecerse. Venezuela pagó USD 1.600 millones por estos contratos; aproximadamente USD 180.000 se transfirieron a través o hacia los Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Justicia20. Por estos hechos, un tribunal les impuso una orden de decomiso por USD 1.607.626.307,19.
Rastreo de bienes identificados producto de la corrupción en Venezuela Para este informe se elaboró una base de datos que incluye 48 casos y la identificación de 113 agentes, entre personas y empresas, que han sido objeto de una medida de aseguramiento o decomiso de bienes producto de la corrupción en Venezuela que, como se indicó anteriormente, totalizan 719 propiedades en 21 países, de las cuales se conoce el monto solo de 296.
La información recopilada se ha obtenido tras la revisión de expedientes judiciales de Estados Unidos, donde han abierto la mayoría de los casos de investigación, y a través de la publicación de comunicados oficiales, listas de sanciones o filtraciones que difunden medios de comunicación independientes. Sin embargo, en muchas ocasiones la información se encuentra dispersa en distintos documentos o se anuncian medidas sin mayor precisión, como en el caso de la confiscación de “más de USD 700.000.000” pertenecientes a una red controlada por Nicolás Maduro que informó el Gobierno estadounidense en 2025, sin detallar los montos de cada bien, las ubicaciones, el monto total confiscado o el número de expediente judicial.
La cantidad de bienes incluyendo los decomisados y los asegurados está categorizada en
15 tipos:
Sumas de dinero y cuentas bancarias
-Aviones
-Donaciones
-Inmuebles
-Acciones
-Escrituras de compra
-Vehículos
-Obras de arte
-Piezas de avión
-Caballos
-Joyas, oro y relojes
-Fondos de inversión
-Yates
-Cajas de seguridad
-Otros como bolígrafos o tabacos
En cuentas bancarias, cheques y sumas de dinero se concentra 33,6% de los bienes identificados.
Mientras que joyas y relojes representan 24,7% y los inmuebles 22,2%. Estados Unidos acumula 324 bienes, entre decomisados e incautados. Le sigue España que registra por lo menos 234 propiedades aseguradas, la mayoría (166) perteneciente a María Lila Bravo de Rincón, esposa del empresario Roberto Rincón, procesado y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero. En esta lista, Argentina es el tercer país con más bienes: formalmente solo se han decomisado USD 790.550, pero tiene otros 41 que han sido congelados al empresario argentino Luis Fernando Vuteff, que incluyen dinero, cuentas bancarias, vehículos e inmuebles.
Así como en el sistema judicial de otros países se ofrece en ocasiones información disgregada que dificulta el análisis y la compilación de datos, también se debe mencionar la falta de información por parte de Venezuela en torno a bienes decomisados o congelados producto de la corrupción. Un ejemplo se da en la trama Pdvsa-Cripto, que comprometió USD 16.600 millones según estimaciones propias, y se conoció en marzo de 202320.
Durante una alocución de abril de ese año, Nicolás Maduro aseguró, en medio del escándalo por las investigaciones y en el marco de lo que llamó la operación “Caiga quien caiga”, que se habían incautado 1.007 propiedades, entre inmuebles, vehículos y activos empresariales: 361 eran vehículos considerados de “alta gama”, 52 camiones, 38 apartamentos de lujo, 28 casas mansión, 23 maquinarias pesadas, 19 aeronaves, 16 oficinas, 13 complejos empresariales, 9 motos, 9 autobuses, 7 embarcaciones, 7 empresas, 6 edificios, una posada, un club y armas21.
Las autoridades del Ministerio Público no han precisado el estatus de esta medida, el valor de los activos ni a quienes pertenecían. Esta política de opacidad es contraria a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), de la que Venezuela es parte desde 2003.
Con el propósito de rastrear los esfuerzos de las autoridades judiciales del mundo para la recuperación de activos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se asoció con el Banco Mundial para la creación de la base de datos Asset Recovery Watch, administrada por la Stolen Asset Recovery Iniciative (StAR)22.
Desde 2011 esta base se alimenta de la data entregada por los países que forman parte de la UNCAC, pero Venezuela guarda silencio porque no hay registros de posibles incautaciones.
Los casos de corrupción sobre Venezuela que investiga Estados Unidos, por ejemplo, no se ven reflejados en la base de datos. Así como tampoco reportes de otros países como Suiza, Argentina o Italia, que Transparencia Venezuela tiene incluidos en sus registros.
Tras una revisión de StAR, se halló un solo caso referido a un funcionario de Pdvsa, de nombre José Luis Ramos Castillo23, que habría recibido sobornos por parte de algunos empresarios para la asignación de contratos. Estados Unidos le decomisó en 2016 al menos USD 210.625,79 que tenía en una cuenta bancaria en Isla de Man.
En un análisis publicado en 2025, Transparencia Internacional Francia24 reconoce el esfuerzo plasmado en la base Asset Recovery Watch, pero alerta sobre la falta de información por parte de jurisdicciones claves, lo que obstaculiza la identificación de patrones y detalles para cumplir el objetivo general que es la devolución de activos obtenidos con dinero ilícito.
PARA LA REFLEXIÓN
Desde hace varios años, Transparencia Venezuela en conjunto con la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav) ha puesto sobre la mesa la posibilidad de crear un fondo independiente que custodie y administre estos recursos que están esparcidos en tantos países para invertirlos bajo la coordinación de una estructura institucional legítima, que cuente con una Unidad de Recuperación de Activos que rinda cuentas en Venezuela, una vez se constituya un gobierno electo por la mayoría de los ciudadanos, con respaldo constitucional y legal. El fondo permitiría reunir estos cientos de millones de dólares y facilitar la devolución masiva al momento que se restituya la democracia en Venezuela. El dinero deberá ser invertido en la construcción de escuelas, hospitales, o para la recuperación de los servicios públicos, por mencionar ejemplos concretos.
Solo Estados Unidos ha dado pasos importantes en la desarticulación de las redes transnacionales que han desfalcado por años el patrimonio nacional, activando la colaboración de otras naciones, para evitar que su sistema financiero y sectores importantes de su economía sean infiltrados con dinero sucio. Exhortamos a otros países a avanzar en las investigaciones para desvelar la verdad detrás de tantos hechos de corrupción con origen en Venezuela, aplicar sanción a los responsables y lograr la identificación de bienes adquiridos en estas tramas delictivas tan complejas para que sean luego repatriados y atender las prioridades apremiantes de servicios y necesidades básicas para los venezolanos que aún sobreviven a la emergencia humanitaria que aún sufren, pese al cambio de escenario que vive el país a mediados de 2026
