La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este lunes 1 de junio la creación de una plataforma tecnológica y una línea telefónica nacional destinada a recibir denuncias relacionadas con casos de extorsión y presuntos abusos cometidos por funcionarios públicos, como parte de las acciones anunciadas durante el inicio de la Gran Consulta Nacional de la Reforma de la Justicia Penal.
La instrucción fue dada durante un acto celebrado en el Coliseo de La Urbina, en Caracas, donde la mandataria destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional y garantizar una actuación transparente dentro de los organismos vinculados al sistema de justicia.
Durante su intervención, Rodríguez planteó la creación de un servicio nacional de atención ciudadana que permita reportar irregularidades de manera directa, con el propósito de enfrentar prácticas conocidas popularmente como “matraca” y proteger a los ciudadanos de posibles actos de corrupción.
La jefa del Ejecutivo señaló que la iniciativa también busca respaldar a los funcionarios que desempeñan sus labores de manera honesta y profesional, evitando que conductas irregulares individuales afecten la imagen de instituciones completas.
El anuncio se produjo en el marco del lanzamiento de la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, un proceso convocado para recoger propuestas orientadas a transformar distintos aspectos del sistema judicial venezolano. Entre los temas prioritarios figuran la lucha contra la corrupción, la reducción del retardo procesal y la revisión de mecanismos de atención a sectores vulnerables.
La consulta contempla jornadas de debate y mesas de trabajo en todo el territorio nacional, con la participación de jueces, fiscales, defensores públicos, jueces de paz, organizaciones comunitarias y representantes de distintos sectores de la sociedad.
Según las autoridades, el objetivo es construir propuestas que permitan modernizar el sistema de justicia y responder a problemáticas que durante años han sido señaladas por ciudadanos y especialistas como obstáculos para una administración judicial más eficiente.
Rodríguez ha insistido en diversas ocasiones en la necesidad de impulsar cambios estructurales dentro del sistema penal venezolano, incorporando herramientas tecnológicas, mecanismos de supervisión y procesos que faciliten el acceso de la población a la justicia.
El despliegue de la consulta se desarrollará a través de circuitos organizados en las distintas entidades del país, permitiendo la realización simultánea de actividades destinadas a identificar necesidades, recoger propuestas y formular recomendaciones para futuras reformas legales e institucionales.
Las conclusiones obtenidas durante este proceso serán evaluadas por las instancias competentes con el propósito de diseñar nuevas herramientas normativas y administrativas que contribuyan al fortalecimiento del sistema de justicia venezolano y a la prevención de prácticas irregulares dentro de la función pública.
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