El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (lado demócrata) acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de priorizar el petróleo venezolano por encima de la democracia, tras la decisión de su administración de retirar a Delcy Rodríguez de la lista de sanciones del Departamento del Tesoro.
En un mensaje publicado en X (antes Twitter), el comité demócrata —presidido por el congresista Gregory Meeks— calificó a la ahora presidenta interina de Venezuela como “co-conspiradora brutal” de Nicolás Maduro en el supuesto robo de elecciones y en la represión.
“Tres meses después está fuera de la lista de sanciones de EE. UU., sin planes de reforma alguna y su régimen sigue hostigando y encarcelando a opositores políticos”, señalaron.
El mensaje incluye una captura de pantalla de un artículo de The New York Times del 1 de abril de 2026 titulado “EE. UU. levanta sanciones al nuevo líder de Venezuela”, que detalla cómo la medida permite a Rodríguez hacer negocios con empresas estadounidenses y potencialmente reunirse con Trump.
La decisión del Departamento del Tesoro se anunció el 1 de abril y forma parte de una serie de pasos para normalizar relaciones con Caracas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en una incursión en la capital venezolana en enero de 2026. Rodríguez asumió como líder interina y Washington la reconoció formalmente en marzo.
Los demócratas argumentan que la remoción de sanciones se produce sin que el gobierno haya cumplido con reformas democráticas ni liberado a presos políticos, y que continúa con prácticas represivas.
Esta crítica se suma al debate bipartidista sobre la política hacia Venezuela. Mientras la administración Trump ha defendido el acercamiento como un paso pragmático para estabilizar el país y abrir oportunidades económicas, sus detractores lo ven como un giro interesado en los recursos petroleros venezolanos.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido públicamente al mensaje del comité demócrata. La situación en Venezuela sigue siendo objeto de seguimiento internacional, especialmente por el futuro de las instituciones democráticas y los derechos humanos tras los cambios de poder ocurridos en los últimos meses.
