Edgar López
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, explicó que la conmoción que ha causado el hecho conduce a analizar la amenaza de traslado de presos políticos a centros penitenciarios de alta peligrosidad, como un mecanismo de tortura psicológica que, en el caso de González, pudo haber influido en su muerte.
“Durante las protestas de 2014 fue una práctica recurrente. Sin embargo, no se hizo visible como patrón pues los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad y por grupos parapoliciales contra los que salieron a la calle a manifestar su descontento fueron tantos y tan graves que apenas hubo oportunidad de denunciar los más brutales. Ahora, después de los intentos de suicidio del abogado Marcelo Crovato, que estuvo 10 meses preso en Yare III, del estudiante Alfredo Jaspe, recluido 6 meses en Rodeo II, y del supuesto suicidio de González, es necesario prestarle mayor a esta sofisticación del maltrato contra los presos políticos”, indicó Uzcátegui.
El coordinador general de Provea, recordó que esa ONG documentó varios casos de tortura psicológica mediante la amenaza de reclusión junto a presos comunes durante la represión de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales de 2013.
En cuanto a Rodolfo González, Provea denunciará violaciones al debido proceso: fue acusado por un supuesto patriota cooperante, el presidente Nicolás Maduro lo sentenció públicamente y el retardo procesal lo mantuvo detrás de las rejas durante casi un año sin que hubiese comenzado la fase de juicio propiamente dicha.
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