La petición quedó plasmada en un documento presentado el 15 de junio ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde la Fiscalía federal explicó que la reprogramación cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados.
Aunque las solicitudes de aplazamiento son habituales en procesos judiciales complejos, uno de los argumentos utilizados por el Gobierno estadounidense llamó particularmente la atención.
Según el escrito, la postergación es necesaria para evitar “problemas logísticos y de programación relacionados con proveer transporte seguro y seguridad” en relación con la audiencia fijada inicialmente para finales de junio.
“El Gobierno entiende que el aplazamiento es necesario para evitar problemas de programación y logística en conexión con proveer transporte seguro y seguridad para la fecha actual del 30 de junio”, señala el documento consignado ante el tribunal.
La solicitud fue presentada de manera conjunta con la aprobación de los abogados defensores de Maduro y Flores, quienes, según la Fiscalía, manifestaron estar de acuerdo con el cambio de fecha.
Además de las consideraciones de seguridad, el Departamento de Justicia argumentó que el tiempo adicional permitirá avanzar en el proceso de intercambio de pruebas, la revisión del material por parte de la defensa y la preparación de posibles mociones previas al juicio.
La Fiscalía también pidió que el período comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio quede excluido del cálculo contemplado en la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act), petición que igualmente cuenta con el consentimiento de los acusados.
El documento no ofrece detalles sobre la naturaleza específica de los problemas de transporte y seguridad mencionados, ni aclara si se trata de medidas extraordinarias vinculadas a la relevancia del caso o a circunstancias operativas particulares.
Sin embargo, la referencia explícita a cuestiones de “transporte seguro y seguridad” en un expediente de alto perfil como el de Maduro y Flores ha despertado interés entre observadores del proceso judicial.
Por ahora, lo único confirmado es que tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron de manera conjunta el aplazamiento, mientras el tribunal evalúa formalmente la petición para trasladar la audiencia al 22 de julio
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