El movimiento quedó plasmado en un decreto ejecutivo firmado sin anunciarse o firma pública que blinda los fondos derivados de la venta de recursos venezolanos y los coloca bajo custodia de Estados Unidos. El texto, datado el 9 de enero, declara una emergencia nacional para impedir que ese dinero sea embargado, transferido o sometido a procesos judiciales, y establece que solo podrá utilizarse bajo instrucciones determinadas por el secretario de Estado.
En la práctica, Rubio se convierte en el único árbitro sobre cómo se gastará cada dólar destinado a la transición. Es algo que deja a Rodríguez y el régimen sin control efectivo de las inversiones. El secretario de Estado acude al Capitolio el día 28 a explicar en el Senado su política hacia Venezuela, y se enfrentará a preguntas de ambos partidos.
La mencionada orden ejecutiva tiene un propósito doble. Por un lado, proteger esos fondos del asedio de acreedores internacionales que durante años han acumulado reclamaciones contra Venezuela. Por otro, impedir que el dinero termine absorbido por el mismo sistema de corrupción que definió al chavismo. La Casa Blanca insiste en que Delcy no tendrá ninguna capacidad de decisión sobre esos recursos. «En ningún caso», repiten funcionarios consultados. La frase funciona como garantía política en Washington, a los republicanos, y como advertencia hacia Caracas.
El decreto describe esos fondos como «propiedad soberana» de Venezuela, pero bajo una custodia estrictamente externa, de Rubio. No se trata de una operación comercial, sino de una herramienta de política exterior para control remoto de la dictadura. El Tesoro deberá designar las cuentas de forma que quede claro que el dinero no pertenece a Estados Unidos, pero tampoco puede ser usado sin autorización. La Administración lo presenta como una barrera técnica contra el desvío, una forma de mantener el control desde Washington mientras se administra una transición que sigue siendo frágil.
La decisión llega en un momento en que Trump intenta sostener un equilibrio incómodo. En el plano de lo visible, mantiene una relación de trabajo con Delcy para gestionar expedientes urgentes: coordinación migratoria, liberación de presos, marco mínimo para operaciones energéticas. En el carril interno, secreto, trata de blindar cada paso para que esa cooperación no se interprete como indulgencia. El dinero de crudo, en ese contexto, es la línea roja.
Escepticimo de los republicanos
En el Capitolio, la presión ha sido casi inmediata. Los republicanos de Florida —la delegación más influyente en la política hacia Venezuela y la más conectada con el exilio— han expresado un escepticismo abierto sobre el plan de vender petróleo venezolano mientras Delcy siga en el poder. Trump contempla vender hasta 50 millones de barriles de crudo. La primera operación, según fuentes citadas este mismo lunes por el medio Semafor, habría generado 500 millones de dólares, y Reuters informó de que una parte sustancial fue inyectada de vuelta en la economía venezolana.
Para los diputados de Florida, esa cifra no es un alivio: es una alarma. Mario Díaz-Balart lo resumió él mismo con crudeza, argumentando que Rodríguez no es solo una figura provisional, sino alguien con «un historial extensísimo de corrupción». «Ha hecho cosas horribles», añadió. La frase condensa el temor de una delegación que domina el ala dura republicana sobre Venezuela y que está estrechamente alineada con María Corina Machado.
María Elvira Salazar reclamó supervisión permanente. «Eso tiene que caer en manos americanas», dijo. «Sabemos lo que esa gente hace con el dinero. No lo van a dar a los hospitales de Caracas». Carlos Giménez lo planteó en términos directos: quizá haya que pagar salarios o comprar suministros para la población, pero «no es para meterlo en el bolsillo del régimen».
Detrás de esas advertencias hay una sospecha estructural: que el chavismo, incluso descabezado tras la captura de Maduro, conserve el control de la burocracia, de los puertos, de la cadena de mando y de los circuitos financieros informales. El temor no es solo que el dinero se pierda, sino que se convierta en combustible para una continuidad encubierta e indeseada. Es decir, un sistema que cambia de rostro, pero no de naturaleza.
El decreto ejecutivo que blinda los fondos petroleros contiene pasajes que explicitan el enfoque legal y práctico de la Casa Blanca. Define esos ingresos como propiedad de Venezuela que «será retenida en custodia por el gobierno de Estados Unidos… pendiente de disposición soberana para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos determinados por el secretario de Estado».
Control institucional
Ese lenguaje procesal y técnico contrasta con la retórica de Trump, que en varios encuentros con ejecutivos petroleros y en declaraciones públicas ha afirmado que su Administración está «entregando» o gestionando el crudo venezolano para abrir el país a las compañías estadounidenses y recuperar inversión nacional. En realidad, el decreto no remite a una cesión a un individuo, sino a un control institucional que busca evitar, según la Casa Blanca, que el dinero sea usado por acreedores o por redes vinculadas al antiguo régimen.
Trump ha defendido públicamente su estrategia energética como una forma de atraer a las grandes petroleras de Estados Unidos para invertir en la reconstrucción de Venezuela, ofreciendo seguridad y garantías de gobierno para que compañías como Chevron, Exxon o Conoco gastaran miles de millones de dólares en infraestructura petrolera. El objetivo, según la administración, es generar estabilidad política y económica que haga posible negocios sostenibles para esas empresas en un país con las mayores reservas de crudo del mundo, pese a los riesgos e incertidumbres iniciales del entorno.
