El comunicador, vinculado con múltiples investigaciones por corrupción de ABC a dirigentes y otras fichas del chavismo, explica que el caso de Saab, detenido el pasado miércoles 4 de febrero, se se debe a que estaría investigado por una trama distinta a la que lo llevó a prisión en Estados Unidos y por la que luego se le indultó en una negociación liderada por Joe Biden. “Según mis fuentes sería por una trama vinculada con Irán”, añade el corresponsal.
De acuerdo con Alandete, Trump solicita la cooperación para interrogatorios y saber cómo se pueden formalizar para que rindan cuentas. “Esto es complicado por un motivo crucial. En Venezuela no existe la extradición, esa es una de las cosas más importantes”, señala.
Saab, por vínculos con Irán, y Gorrín por lavado
Saab, también señalado por medios internacionales como el testaferro de Maduro, adquirió notoriedad internacional en 2020, cuando fue arrestado en la isla africana de Cabo Verde en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el Ejecutivo estadounidense, que lo acusó de lavado de dinero en una red de presunta corrupción vinculada al gobierno venezolano.
La detención no pudo ser evitada por el régimen chavista en ese momento, pero tres años después Saab fue parte de un intercambio por presos estadounidenses acordado entre Maduro y la Administración de Joe Biden a finales de 2023, en el marco de los llamados Acuerdos de Barbados.
Desde ese momento, empezó a ocupar cargos en el área económica del Ejecutivo venezolano, primero al frente de las importaciones y exportaciones, y luego en el Ministerio de Industria Nacional y Producción. En esta cartera estuvo hasta inicios de enero, cuando fue destituido por Rodríguez bajo promesa que Saab pasaría a tener nuevas responsabilidades.
De acuerdo con Caracol Radio y el diario El Colombiano, Saab fue detenido a principios de febrero en la operación en la que también fue detenido el empresario Raúl Gorrín, dueño de la cadena televisiva Globovisión, que también estaba asociado con el sector petrolero local.
En octubre de 2024, un jurado en EE.UU. presentó una acusación contra él por el lavado de US$1,2 millones obtenidos de manera corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de pagos de sobornos a funcionarios de ese país.
“Nicolasito”, ¿misma causa que su padre?
En la lista de ABC resalta: Nicolás Maduro Guerra, único hijo biológico de Nicolás Maduro. Actualmente es diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado La Guaira y es férreo defensor del chavismo.
Alandete intuye que el interés de la Casa Blanca en él tenga que ver con las acusaciones que enfrenta su progenitor, y que lo señalan de ser parte de la red de narcoterrorismo.
Medios estadounidenses difundieron que el dirigente socialista de 35 años habría visitado reiteradamente la Isla Margarita con paquetes que tendrían drogas. También que en 2017 envió al menos 500 kilos de cocaína a Miami y que, en sus planes, estaba enviar cocaína “de mala calidad” a Nueva York. “De esta manera, Maduro Guerra habría colaborado con miembros de los carteles de droga para importar cocaína a Estados Unidos”, precisa la acusación.
El Aissami y Samark López: cuentas pendientes
Otro nombre que destaca es el de Tarek El Aissami, detenido en 2023 por orden de Nicolás Maduro, señalado de liderar una trama de corrupción desde el Estado venezolano que dilapidó al menos 23.000 millones de dólares y cuyo destino ha sido manejado con extremo secretismo por los jerarcas de Miraflores.
El Aissami es uno de los 10 prófugos más buscados por el gobierno de Trump bajo acusación de “narcotráfico internacional”. Fue considerado uno de los pesos pesados del gobierno de Maduro. El exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA fue detenido junto con el exministro de Finanzas Simón Zerpa, acusados de liderar una vasta estructura de corrupción con el uso de criptomonedas dentro de entidades estatales venezolanas.
Fue ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Hugo Chávez entre 2008 y 2012, cuando se convirtió en gobernador del estado Aragua. Su posterior ascenso a vicepresidente se interpretó como un paso más en el intento de Maduro de rodearse de dirigentes más cercanos a él que al fallecido presidente Hugo Chávez.
Este venezolano de ascendencia siria ganó cada vez más poder e influencia. En 2018. se le nombró ministro para las Industrias y la Producción Nacional, y en 2020 ministro de Petróleo, cargo desde el que tendría el control de la estratégica compañía petrolera estatal PDVSA, que había sido sacudida durante los años de los gobiernos de Chávez y Maduro por varios escándalos de corrupción.
En el caso de Samark López Bello, el Departamento de Justicia de los EE.UU. lo acusó de involucrarse en el tráfico internacional de drogas, lo que le valió la designación de Traficante de Narcóticos Especialmente Designado. Es un empresario considerado como testaferro de El Aissami y, también estaría detenido en Venezuela.
Walter Gavidia, hijo de Cilia Flores
Walter Jacob Gavidia Flores se desempeña como juez noveno de primera instancia del área Metropolitana de Caracas, en funciones de juicios penales.
Fue presidente desde el año 2014 de la Fundación ProPatria 2000, uno de los entes adscritos al Despacho de la presidencia, pero dejó el cargo abruptamente cuando sus primos, con los que pasó su infancia, fueron detenidos en Haití en 2015, acusados de tráfico de drogas por EE UU.
En las declaraciones dadas por Leamsy Salazar, ex escolta de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, se señala al mayor de los hijos de la primera dama chavista como narcotraficante que aprovechaba los aviones pequeños de Pdvsa para transportar droga, en colaboración con “Nicolasito”.
Pedro Luis Martín, exdirector del Sebin
Aunque es una de las figuras del chavismo menos conocidas popularmente, para Estados Unidos es un objetivo prioritario por quien ofrece una recompensa de diez millones de dólares. Se trata de Pedro Luis Martín Olivares, exdirector de inteligencia económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y exfuncionario de la Oficina Antidrogas. Según numerosos testimonios difundidos por la prensa española habría operado una estructura paralela desde el Centro Lido, recurriendo a informantes y escuchas telefónicas para obtener información comprometedora de figuras influyentes, con fines de presión o extorsión.
Además de esta labor, habría estado involucrado en actividades de narcotráfico y lavado de dinero por las que pesan acusaciones sobre él. Su causa se remonta al 2015, cuando Interpol emitió una notificación roja en su contra, aunque anteriormente fue vinculado con el asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson en 2004.
Estados Unidos lleva años siguiéndole la pista. De hecho, en 2018 el Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista de narcotraficantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). También en 2018, la OFAC lo sancionó por “mover dinero ilícito a Panamá, República Dominicana y Bahamas a finales de 2016″, según consta en documentos oficiales.
Martín fundó al menos cinco empresas, principalmente del sector de la seguridad privada. Una de estas empresas, Grupo Control 2004, obtuvo contratos de importantes instituciones estatales, incluido el banco estatal Bicentenario, el aeropuerto de Maracaibo y Minerven, una importante empresa minera. Otra de sus empresas, PLM Consultores, brindó asesoramiento en relaciones institucionales a 11 compañías vinculadas al empresario venezolano Omar Farías Luces.
