La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en coordinación con altos voceros del Gobierno venezolano, evalúa estrategias para liberar de forma parcial un volumen de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en activos del Estado venezolano que permanecen congelados bajo sanciones en el exterior. La iniciativa responde a la urgente necesidad de financiar las labores de reconstrucción e infraestructura en el país suramericano tras el impacto de los dos sismos registrados hace un mes.
De acuerdo con fuentes vinculadas a las conversaciones citadas por la agencia Bloomberg, el objetivo central de Washington es facilitar recursos a la administración interina venezolana sin que ello implique desembolsos adicionales significativos para el erario norteamericano. Con esto la Casa Blanca busca acotar su compromiso directo al paquete de 386 millones de dólares previamente asignado para asistencia humanitaria, canalizando los fondos propios del Estado venezolano hacia la emergencia.
El mapa de activos venezolanos bajo restricciones legales en el extranjero abarca diversas partidas e instituciones financieras internacionales. Entre los recursos identificados figuran cerca de 3.000 millones de dólares pendientes en Derechos Especiales de Giro (DEG) ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) (organismo con el que se restableció el diálogo y que ya desembolsó una primera partida de 346 millones), además de reservas en cuentas bancarias bloqueadas estimadas entre 3.000 y 5.000 millones de dólares.
En el marco de esta ofensiva diplomática y económica, Delcy Rodríguez solicitó al rey Carlos III del Reino Unido la liberación del oro custodiado en el Banco de Inglaterra, un activo valorado en cerca de 2.000 millones de dólares. Asimismo, la valoración global de los activos estatales en el exterior incluye participaciones de filiales energéticas estratégicas, encabezadas por la corporación Citgo en suelo estadounidense, cuyo valor patrimonial se calcula en hasta 12.000 millones de dólares.
El eventual levantamiento de las salvaguardas sobre estos capitales representa una compleja operación jurídica y diplomática para la arquitectura financiera internacional. Mientras avanzan las consultas para establecer un esquema de supervisión sobre la ejecución de los recursos, la liberación gradual de las cuentas congeladas se posiciona como el pilar operativo para acelerar los trabajos de asistencia social y reconstrucción en el territorio venezolano.
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