En apenas 24 horas, a medida que circulaban en redes sociales videos del tiroteo, quedó claro que la Casa Blanca estaba desfasada con respecto a la opinión pública y a lo que los estadounidenses podían ver con sus propios ojos.
Desde entonces, el gobierno -y el propio presidente- han cambiado de estrategia, culpando a los demócratas de lo sucedido y centrándose menos en lo que hizo el enfermero estadounidense que fue baleado.
Tan marcado es el giro que medios estadounidenses -entre ellos CBS News, socio estadounidense de la BBC- informaron este lunes que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, y algunos de sus agentes abandonarán Mineápolis tras la muerte de Pretti.
Mientras tanto, los demócratas han intensificado sus críticas a la política de deportaciones masivas del presidente y a las tácticas agresivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza, inclinándose hacia una lucha política que podría dar lugar a un nuevo cierre del gobierno el viernes por falta de presupuesto.
Este lunes por la mañana, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, describió la situación como un “polvorín”.
Aunque culpó a los demócratas, muchos en ambos lados del espectro político estadounidense estarán de acuerdo en que la situación actual es muy peligrosa.
La estrategia habitual
La respuesta inicial del gobierno a la muerte de Pretti fue directa. El hombre de 37 años fue descrito como un terrorista local que tenía como objetivo derramar sangre.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Pretti quería “infligir daño” y que “blandía” un arma.
El comandante Bovino dijo que parecía “una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”.
El asesor presidencial Stephen Miller describió a Pretti como un “aspirante a asesino”.
La Casa Blanca suele reaccionar rápidamente cuando se le critica.
“Negar y atacar” ha sido durante mucho tiempo una estrategia fundamental de Trump para manejar la adversidad.
Pero, quizás de manera reveladora, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no se hizo eco de los comentarios de Miller este lunes cuando se le preguntó si el presidente estaba de acuerdo con su asesor principal.
En cambio, dijo que se realizará una investigación completa.
Fue un tono notablemente más moderado que el que se utilizó inmediatamente después del tiroteo.
La respuesta inicial del sábado fue muy similar a la postura adoptada por el gobierno hace tres semanas, cuando agentes federales dispararon y mataron a otra residente de Mineápolis, Renee Good.
Afirmaron que Good era una “terrorista” que había convertido su vehículo en “arma” para intentar herir a los agentes del ICE.
Al igual que sucedió en el caso de Good, la versión de los hechos que el gobierno federal defendió el sábado ha sido cuestionada por las autoridades locales, los testigos presenciales y la familia de la víctima.
En una declaración realizada el domingo, los padres de Pretti pidieron que se revelara la verdad y añadieron: “Las enfermizas mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son censurables y repugnantes”.
Varios videos del fatal encuentro del sábado parecen contradecir muchas de las afirmaciones iniciales del gobierno.
Las imágenes muestran a Pretti grabando a los agentes del ICE con su teléfono y ayudando a una mujer que ha sido empujada antes de que ambos sean rociados con gas pimienta.
No se ve que Pretti lleve un arma en las manos cuando lo derriban al suelo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señala que el enfermero tenía una pistola semiautomática de 9 mm y dos cargadores de munición.
La policía local ha dicho que Pretti era propietario legal de armas.
Según la legislación de Minesota, los ciudadanos pueden llevar legalmente armas ocultas en público si tienen permiso.
Las críticas
En esta ocasión, la respuesta inicial del gobierno de Trump se volvió rápidamente difícil de mantener.
“La gente está harta”, subrayó Brian O’Hara, jefe de la policía de Mineápolis, señalando que sus agentes realizaron cientos de detenciones de delincuentes violentos el año pasado sin recurrir a disparos. “Esto no es sostenible”.
Republicanos en Washington D.C. y otros lugares expresaron su creciente malestar por la forma en que el gobierno estaba manejando la situación.
El gobernador de Vermont, Phil Scott, calificó los esfuerzos federales en Minesota como “un completo fracaso en la coordinación de prácticas aceptables de seguridad pública y aplicación de la ley, formación y liderazgo”, en el mejor de los casos.
En el peor de los casos, dijo, se trata de “intimidación federal deliberada e incitación a los ciudadanos estadounidenses”.
El senador John Curtis, de Utah, criticó la respuesta “prematura” de Noem al tiroteo, que, según él, “se produjo antes de que se conocieran todos los hechos y debilitó la confianza” en la misión de las fuerzas del orden.
Los presidentes de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y del Senado afirman que tienen previsto celebrar audiencias públicas.
Cambio de estrategia
Desde el domingo por la noche, se ha producido un cambio notable en el tono de la Casa Blanca.
El secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, expresó sus condolencias a la familia Pretti.
El presidente Trump publicó un mensaje en su sitio web Truth Social en el que calificaba la muerte de “trágica” y culpaba de ella al “caos provocado por los demócratas”, un mensaje del que se hizo eco el vicepresidente JD Vance.
El lunes por la mañana, Trump anunció su decisión de enviar al “zar de la frontera” Tom Homan a Minesota para dirigir las fuerzas del orden en ese estado.
Homan, que se encargó de las deportaciones durante el gobierno del demócrata Barack Obama, es considerado un operador más mesurado y con mayor sensibilidad política, menos propenso a las declaraciones grandilocuentes que han hecho recientemente Noem y Bovino.
“Tom es duro, pero justo, y me informará directamente a mí”, escribió Trump.
La llegada de Homan coincidirá con la retirada de Bovino.
Aunque el envío de Homan a Mineápolis no refleja necesariamente un cambio de política -este gobierno aún no ha dado señales de dar marcha atrás en su agresiva política migratoria-, podría suponer un cambio en la forma de presentarla.
El presidente intenta así hacer frente al malestar de la opinión pública, que, según las encuestas, está cada vez más descontenta con la forma en que se está ejecutando su campaña contra la migración.
En una encuesta de la CBS realizada antes del tiroteo del fin de semana, el 61% de los encuestados afirmó que el ICE está siendo “demasiado duro al detener y arrestar a las personas”, mientras que el 58% desaprobaba su gestión de la inmigración en general.
A pregunta de BBC News sobre la participación de Homan, el fiscal general de Minesota, Keith Ellison, dijo que el funcionario federal podría convertirse en una nueva vía para trabajar con el gobierno federal.
“No quiero descartar la posibilidad de que prevalezcan las mentes razonables”, afirmó, “pero estamos en este punto precisamente porque el gobierno federal tenía posiciones poco razonables”.
Otro avance se produjo cuando Trump anunció el lunes que habló con el gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz. “Fue una llamada muy buena”, escribió Trump. “De hecho, parecíamos estar en la misma onda”.
Esto supone un notable enfriamiento de lo que había sido una serie de acalorados intercambios entre ambos políticos en las últimas semanas, y podría presagiar el tipo de distensión en Minesota que muchos políticos han estado pidiendo.
Horas después, Trump dijo que también tuvo una conversación “muy positiva” por teléfono con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, que ha sido particularmente crítico con la intervención del ICE en su ciudad.
“¡Se están logrando grandes avances!”, escribió Trump.
Sin embargo, eso puede no ser suficiente para los demócratas de Washington, que se han visto sometidos a una presión cada vez mayor para marcar una línea clara contra la retórica y la política del gobierno de Trump.
Los demócratas del Senado han anunciado que bloquearán el proyecto de financiación en su cámara, lo que provocaría un cierre parcial del gobierno el próximo viernes por la noche.
“Votaré en contra de cualquier financiación para el DHS hasta que se establezcan más controles para que ICE rinda cuentas”, afirmó el senador Brian Schatz, de Hawái.
“Estos repetidos incidentes de violencia en todo el país son ilegales, provocan una escalada innecesaria y nos hacen a todos menos seguros”.
Esta medida no está exenta de riesgos políticos. Los demócratas provocaron un cierre récord el pasado octubre por las subvenciones sanitarias, pero finalmente cedieron sin obtener apenas resultados.
Además, serán cautelosos a la hora de ir demasiado lejos en materia de inmigración y ley y orden, dos cuestiones en las que obtienen malos resultados en las encuestas.
Por el momento, tanto los republicanos como los demócratas están lidiando con cómo manejar lo que se ha convertido en una situación explosiva.
Está en juego la percepción pública de la política migratoria de Trump, un tema político fundamental para el presidente y que le ayudó a volver a la Casa Blanca.
