La Milicia Bolivariana de Venezuela cumplió 11 años esta semana. Es el buque insignia de la alianza cívico-militar ideada por Hugo Chávez, que ha cobrado aún más importancia bajo el régimen de Nicolás Maduro, quien trata de retener el poder pese a la crisis política, humanitaria y ahora sanitaria que azota Venezuela. Los uniformados se han convertido en su principal sostén, una red tejida a base de millonarios beneficios, según destapa una reciente investigación del Proyecto de Informe de Delincuencia Organizada y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés).
Los militares venezolanos desaparecieron de la vida pública del país tras la caída del régimen castrense en 1958. Eso cambió cuando un joven teniente coronel llamado Hugo Chávez conquistó las urnas en 1998 tras un intento de tomar el Palacio de Miraflores por la fuerza. Cuatro años después, fue derrocado durante unas horas por una rebelión militar. Nace entonces la unión cívico-militar.
“Tras el fallido golpe militar de 2002, Chávez incrementa el rol de oficiales fiables en la gestión de la economía”, de modo que altos cargos militares se hacen gradualmente con el control de cinco puertos y de la petrolera estatal, PDVSA», la joya de la corona venezolana, recuerda OCCRP. La nueva Constitución, de 1999, consagra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como vector del desarrollo y la defensa del país.
Maduro, que se sienta en el trono de Miraflores a la muerte de Chávez, en 2013, “ha expandido aún más el papel de los militares en la vida civil”. “Hacia 2018, oficiales en activo o retirados ocupaban siete de las 23 gobernaciones estatales y nueve ministerios y dirigían al menos 60 empresas estatales”. Esos militares constituyen “la esencia del ‘madurismo’” y “son hoy más importantes que en ningún otro momento con Chávez”, dice Javier Corrales, profesor del Amherst College de Massachusetts, a OCCRP.
Harry Solano, un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que desertó y ahora está en Colombia, aclara que “no hay nada de ideología” en la lealtad de la cúpula militar a Maduro. “Todo es negocio”, sostiene. “Si el régimen cae, ellos dejan de recibir dinero”, subraya. Otro teniente asentado en el país vecino que prefiere conservar el anonimato suscribe esas palabras: “La lealtad al régimen de Maduro es hacer beneficio, por eso no le traicionarán”.
El club de los 35
El OCCRP ha llevado a cabo una investigación, a partir de una serie de documentos internos de la FANB, de registros de terrenos, empresas y contratos públicos y de entrevistas con diversas fuentes, incluidos militares, que expone “la íntima relación financiera entre la Administración de Maduro y una camarilla de generales vinculados a empresas privadas” cuyos lucrativos rendimientos garantizarían su lealtad al presidente, pese a la “deteriorada situación política y económica” del país.
“Hay tres tipos de militares-empresarios en Venezuela”, indica Corrales, que distingue entre los que dirigen compañías públicas, los que tienen negocios privados que contratan con el Estado y los implicados en negocios ilegales. “Ninguno de estos grupos ve de su gusto una transición hacia un régimen no ‘chavista’”, añade.
Según datos de 2019, el Ejército venezolano -la rama más poderosa de la FANB- cuenta con 312 generales activos, de los cuales 84 trabajan con empresas públicas o privadas que figuran en el Registro de Contratos Públicos, a pesar de que la ley venezolana prohíbe expresamente a los representantes públicos tener tratos comerciales con el Gobierno a través de sus propias empresas.
De estos 84 generales, 35 se sientan en los consejos de administración de compañías privadas. Han creado 41 empresas particulares que desde 2004 han ganado unos 220 contratos públicos en sectores como la alimentación, el turismo o el petróleo obteniendo cuantiosas ganancias. Es lo que el OCCRP ha denominado el Club de los 35.
“Se ha convertido en una especie de doctrina militar para muchos oficiales crear su propia empresa”, dice Pedro Mendoza, ex teniente de la GNB que desertó y vive en Colombia. El pacto tácito entre el Gobierno y estos generales es “tú me proteges, me mantienes en el poder, y a cambio te doy la posibilidad de tener beneficios económicos”, cuenta.
El incentivo del dinero es todavía más potente cuando la economía venezolana “ha experimentado el peor colapso en medio siglo que ningún país que no haya sufrido una guerra o un desastre natural haya tenido”, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La población en situación de extrema pobreza pasó del 10 al 85 por ciento en solo cuatro años, entre 2014 y 2018.
Las cifras oficiales obtenidas por el OCCPR indican que un general gana el equivalente a unos 8,9 dólares mensuales, teniendo en cuenta el cambio oficial y la hiperinflación. “El sueldo no es suficiente, por eso los oficiales tienen sus negocios paralelos”, sostiene Mendoza.
Padrino, en la cúspide
El OCCRP no ha podido cuantificar exactamente los beneficios totales que ha obtenido el Club de los 35 con su red empresarial, si bien subraya que su estilo de vida es incompatible con esos ingresos mensuales. Ejemplo de ello es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que oficialmente gana menos de ocho dólares al mes y, sin embargo, luce relojes de unos 12.000 dólares.
Padrino comenzó su ascenso en el escalafón militar con Chávez. En el golpe de 2002 se posicionó con el presidente y éste se lo recompensó nombrándole comandante del Fuerte Tiuna, el cuartel general de la FANB y del Ministerio de Defensa. Desde entonces siguió escalando hasta que en 2012 fue designado jefe del Estado Mayor. Dos años después, ya con Maduro, se convirtió en ministro de Defensa.
La meteórica trayectoria de Padrino en las filas castrenses y políticas se compadece con el de sus negocios. Desde 2009, se han registrado 19 empresas en Estados Unidos a nombre de familiares de Padrino, que también tienen vínculos con al menos cinco empresas en Venezuela. Cinco de las empresas localizadas en la potencia norteamericana generan ganancias anuales de unos 700.000 dólares. Tres ubicadas en Miami compraron una decena de propiedades valoradas en unos 2,2 millones de dólares.
Del emporio familiar de Padrino destacan dos entidades. Una es Trámites Consulares, registrada en 2010 en Texas y ubicada en Florida, que se dedica a facilitar trámites burocráticos a los venezolanos en el extranjero, tales como obtener el pasaporte venezolano o el asilo político en Estados Unidos.
La segunda es Prinmaplast, radicada en Venezuela a nombre de la mujer de Padrino, cuyo negocio es la pintura. En su caso la clave es que tiene acceso a una tasa de cambio privilegiada. “La gran diferencia entre el cambio oficial y el no oficial significa que una empresa que acceda legalmente a un millón de dólares ese año podría convertirlos en diez millones vendiendo los dólares en el mercado negro y usando los bolívares para comprar más dólares al cambio oficial. El margen de beneficio sería de unos nueve millones de dólares, menos lo que se gastara en importaciones, si es que gasta algo”, ilustra el OCCPR. Prinmaplast recibió casi cuatro millones de dólares entre 2004 y 2012, añade.
Para Ramón Castellanos, teniente coronel retirado de la misma promoción que Padrino, la aparente contradicción entre la doctrina bolivariana que proclama y la realidad financiera que disfruta no es una sorpresa: “Nunca le vi como un comunista, como alguien que estuviera dispuesto a compartir su riqueza. Le gusta vivir bien, le encanta Estados Unidos y le gusta beber whisky”.
Algunos miembros del club
Uno de ellos, según condigna el OCCRP, es el general Hernán Akhnanton Noguera Mejía, quien concentra el mayor número de contratos estatales con 47. A través de su empresa de catering, organizó un asado para 600 funcionarios del Seniat, el servicio nacional de aduanas e impuestos. La compañía fue fundada en 2010, solo un mes después de que lo ascendieran al grado de teniente coronel.
Otro integrante del “club” es el general Jesús Emilio Vásquez Quintero, actual fiscal general de la Fiscalía General Militar, institución vinculada a la persecución judicial interna en las Fuerzas Armadas y que, incluso, como lo denunciaron distintas ONG, inició juicios contra civiles. En 2005 se fundó la Asociación Cooperativa El Tepuy, en la que, junto a su esposa, Tibisay Villalobos, aparecen con el 40% de las acciones.
Algunos de los miembros del Club de los 35 incluyeron a familiares en sus empresas para mantener sus negocios en secreto. OCCRP halló por lo menos cinco generales con parientes en puestos clave en sus compañías. Por ejemplo, el general Alejandro Ramón Maya Silva, director del despacho del comandante general del Ejército, está vinculado a dos empresas: Aquila Grupo Empresarial, C.A. y La Granja Integral, C.A. En el consejo de administración figuran dos de sus hijos.
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