La denuncia formal detalla que el líder comunista autorizó de forma premeditada el derribo de dos avionetas civiles desarmadas en el año 1996, un suceso que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de la región.
El trágico ataque militar cobró la vida de tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal, identificados como Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, quienes integraban la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Según el expediente judicial presentado por la Fiscalía, el gobierno de La Habana se había infiltrado en la agrupación civil y ordenó el ataque con misiles a sabiendas de que las aeronaves Cessna volaban sobre aguas internacionales en misiones de salvamento de balseros y se alejaban del territorio isleño, aunque una tercera estructura aérea logró escapar a salvo.
Las muestras de respaldo a la medida judicial se concentraron en las inmediaciones de la icónica Torre de la Libertad en el centro de Miami, calificada por el fiscal federal para el sur de la Florida, Jason Reding Quiñones, como la Isla Ellis de los refugiados cubanos. Durante una concurrida rueda de prensa, las autoridades norteamericanas describieron el derribo como un asesinato patrocinado por el Estado que no prescribe con el tiempo. El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, sumó su voz afirmando que esta resolución representa una herida profunda y debe ser el inicio del fin del régimen.
En abierto contraste con el júbilo del exilio de Miami, el actual gobernante cubano Miguel Díaz-Canel descalificó la imputación penal, catalogándola en un comunicado oficial como una burda maniobra política que carece de todo fundamento legal. El líder de la isla argumentó que la reactivación del caso busca justificar los planes de una agresión militar estadounidense. La acusación coincide con un periodo de máxima asfixia diplomática, donde el gobierno del presidente Donald Trump sostiene la vigencia de un bloqueo petrolero para forzar reformas políticas estructurales en La Habana.
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