Las autoridades venezolanas anunciaron la concesión de amnistía a 379 presos políticos, según informó el diputado oficialista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión encargada de supervisar la aplicación de la nueva Ley de Amnistía aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional tras la caída de Nicolás Maduro.
Arreaza explicó en una entrevista televisada que el Ministerio Público ya presentó ante los tribunales las solicitudes correspondientes y que las excarcelaciones, 371 en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y 1 en Monagas, deberían concretarse entre la noche del viernes y la mañana del sábado.
Mientras tanto, familiares de los detenidos permanecen frente a cárceles y centros de reclusión a la espera de la liberación de sus allegados. La transición política, liderada en Caracas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ya había otorgado libertades condicionales a cientos de personas tras la operación estadounidense que culminó con la captura de Maduro.
La ONG Foro Penal señaló previamente que cerca de 600 personas seguían detenidas por motivos políticos. Su director, Alfredo Romero, advirtió que la aplicación de la amnistía no es automática, pues depende de decisiones judiciales en tribunales cuestionados por su independencia.
La Asamblea Nacional también instaló una comisión especial para vigilar el cumplimiento de la ley. El organismo, presidido por Arreaza y con la diputada opositora Nora Bracho como vicepresidenta, podrá revisar casos no incluidos inicialmente. En su primera sesión, declaró carácter permanente y comenzó coordinaciones con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública para agilizar los trámites y garantizar respuestas en un plazo máximo de quince días.
Por su parte, Foro Penal anunció que entregará al Parlamento una lista con 232 casos adicionales para que sean evaluados dentro del marco legal. El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, indicó que el documento será consignado una vez que la ley se publique en la Gaceta Oficial.
La norma cubre hechos ocurridos entre 1999 y 2026, aunque delimita 13 coyunturas políticas iniciadas en 2002, lo que podría dejar fuera detenciones registradas en otros períodos y casos vinculados con operaciones militares. Asimismo, contempla que la comisión recomiende medidas alternativas ante situaciones no previstas.
En los últimos años, miles de personas fueron encarceladas bajo acusaciones de conspiración contra el gobierno de Maduro. Tras asumir con respaldo de Estados Unidos, Rodríguez ha impulsado políticas alineadas con Washington, que actualmente supervisa la comercialización del petróleo venezolano. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que parte de los ingresos derivados de esas ventas será destinada a su país.
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