A esta conclusión han llegado juristas y miembros de la sociedad civil, quienes piden que la justicia no sea selectiva ni excluya a los allegados del Gobierno en las investigaciones que se les siguen a exfuncionarios y políticos por el supuesto uso de recursos estatales.
Para el catedrático Juan Jované, no debe existir selectividad, y todo el que afectó fondos públicos debe ser investigado. “Si se comprueba -uso de recursos-, deben ser castigados”.
Añadió que “lo ocurrido en el país no es lo correcto, y existe poco avance en la investigación sobre el uso de partidas circuitales”.
Jované sostiene que “deben investigarse los fondos usados en los últimos 20 años, porque la corrupción no se inventó hoy ni ayer”.
“Lo peor del caso es que pareciera que el criterio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es que los ciudadanos no tengan derecho a poner querellas, y eso estaría mal, porque todo ciudadano es víctima; nos deja un mal sabor”, cuestionó.
A su vez, el abogado Ernesto Cedeño señaló que debe esclarecerse cómo se utilizaron los fondos del PAN.
“Solo tuve un informe y es como si fuera un secreto a voces; en todos los quinquenios anteriores se debió pedir un informe y parece que la ciudadanía ignora qué hicieron los diputados con todo ese dinero”, criticó Cedeño.
El diputado Varela, por su parte, excusó que ya no cuenta con el fuero electoral y estaría dispuesto a ser investigado.
Esto, también, en relación con una publicación de este diario que reveló cómo el diputado Varela estuvo vinculado con las supuestas compras irregulares del PAN, en la administración pasada, e incluso fue involucrado en el fraude millonario del antiguo Fondo de Inversión Social (FIS) en la administración de Martín Torrijos.
Documentos oficiales revelan que entre 2009 y 2011 Varela habría recibido del PAN 1 millón 252 mil dólares, para hacer política en su circuito electoral 6-2.
Entre las compras hechas por el hermano del presidente figuran, en mayo de 2008, una asistencia económica de 200 mil dólares para 70 personas de su circuito, las que variaban entre $2,400 y $2,800.
Luego, en 2009, Varela recibió dos desembolsos del PAN, uno por 49,984 dólares y otro de 29,986 dólares.
La primera compra, de 2,562 bolsas de comida, Varela la dirigió a una empresa en la ciudad capital llamada Red Love S.A.
La otra compra de bolsas de comida la otorgó directamente a Hermec Plus, una empresa dedicada a la venta de medicinas veterinarias, semillas agrícolas y materiales de construcción.
Dos días después, Varela dirigió otra compra de bolsas de comida a la misma veterinaria Hermec Plus, esta vez por un monto superior, 49 mil 984 dólares.
En estas investigaciones también serían excluidos los diputados reelectos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes mantienen una alianza legislativa con el Gobierno.
Responsabilidad alcanzaría a diputados que no se reeligieron
Los 37 diputados que no lograron la reelección en este periodo constitucional también podrían ser investigados por el supuesto uso de recursos del Estado provenientes del Programa de Ayuda Nacional.
Luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, solicitara al Tribunal Electoral (TE) levantar el fuero electoral a los diputados de la Asamblea Nacional que sí lograron la reelección, diversas voces opinan que no se puede dejar de investigar, también, a quienes no resultaron reelectos.
Esto sería por violar el artículo 329 del Código Penal, por el uso de partidas circuitales, aunque existe una aclaración sobre el manejo de los fondos.
Seguidamente, el artículo 338 establece penas de prisión de cuatro a 10 años, “al servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero o valores que le hayan sido confiados por razón de su cargo”.
