“Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela. He solicitado a la Asamblea Nacional (AN) la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esa norma y para corregir desviaciones en su aplicación”, anunció este martes Delcy Rodríguez, presidenta tutelada por Washington.
Realmente se trataría de un paso a medias, ya que la hermana pequeña de los Rodríguez sólo ha prometido reformar parcialmente una ley que Venezuela nunca sintió que fuera contra el odio, sino todo lo contrario: una herramienta cargada de odio para evitar, entre otras cosas, críticas de ciudadanos del común en las redes sociales.
Lo más paradójico del asunto es que fue la propia Delcy la que aprobó esta ley hace nueve años, con atronadora salva de aplausos incluida, cuando presidía la Asamblea Constituyente inventada por Nicolás Maduro para acabar con las protestas de entonces. “En el corazón de los venezolanos, solamente amor y tolerancia”, ironizó entonces la mano derecha del dictador, que incluyó un aviso especial para quiene promovieran mensajes contra el gobierno en las redes sociales.
Dicho y hecho. Desde aquel momento la revolución bolivariana se lanzó a perseguir, “pese a su origen ilegal y sin ningún estándar en derechos humanos, a disidentes, opositores, periodistas, activistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos”, precisó a EL MUNDO Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, quien añadió que la ley forma parte de una arquitectura legal diseñada por la persecución. Leyes como la Simón Bolívar y Contra el Fascismo conforman este bloque de leyes.
Entre cientos de casos, esta ley sirvió para encerrar a la tiktoker Olga Mata, de 72 años, por una divertida sátira contra el gobierno. O a los dirigentes estudiantiles Jhohan Lobo y Michael Labrador por fustigar el pésimo transporte de la universidad. Estados de wasap, memes, fotografías de magnates chavistas como Alex Saab de vacaciones y cualquier chiste contra Maduro se convirtió en el peor de los delitos para la revolución.