En el momento más crítico de la guerra de Yom Kipur, cuando se desmoronaban en octubre de 1973 los frentes del Sinaí y del Golán ante el avance árabe enemigo, el general Moshe Dayan proclamaba ante el Estado Mayor que nunca permitiría “la destrucción del tercer templo”. El vencedor de la guerra de los Seis Días en 1967 aludía al Estado de Israel como emblema identitario moderno del pueblo judío frente al primer templo, arrasado por el rey babilonio Nabucodonosor, y al segundo, demolido por el emperador romano Tito. Se refería a una patria para antiguos judíos errantes en la que, a pesar de 70 años de conflictos irresueltos, el jefe del Ejército se cuadra ante el primer ministro, el Tribunal Supremo tumba leyes inconstitucionales y dos mandatarios han acabado entre rejas por violación o corrupción. Ese es el simbólico templo cuyos cimientos amenazan con verse ahora socavados por una legislación impulsada en la etapa final de su actual mandato por el ultraconservador Gobierno de Benjamín Netanyahu.
El diputado Avi Dichter, ponente de la polémica ley del Estado Nación que discrimina a los árabes de Israel, ha apelado en la Kneset a argumentos de primacía bíblica para rebatir las críticas de los parlamentarios de la minoría. “Ustedes no estaban aquí antes que nosotros y no permanecerán después de nosotros”, enfatizó el legislador del partido Likud, liderado por Netanyahu. “Hemos aprobado esta ley fundamental para impedir la menor veleidad o tentativa de transformar el Estado de Israel en una nación de todos sus ciudadanos”, sentenció de modo explícito.
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En el Gabinete y en la bancada gubernamental de la Kneset abundan mesiánicos partidarios de la construcción del tercer templo —sobre la actual Explanada de las Mezquitas que alberga los santuarios musulmanes de Al Aqsa y el Domo de la Roca—, que suelen ser los mismos que se oponen al rezo conjunto de hombres y mujeres en el Muro de las Lamentaciones, único resto que sigue en pie del segundo templo, de acuerdo con la tradición del judaísmo. El giro nacionalista y la deriva ultrarreligiosa han agrandado entretanto la brecha entre la sociedad israelí y la diáspora judía, en particular con las comunidades liberales y reformistas de Estados Unidos.
La Unión Europea ha recibido con preocupación la adopción de la controvertida norma, que plantea un obstáculo añadido a la solución de los dos Estados al consagrar a Jerusalén como capital “completa y unida” israelí. “La democracia y la igualdad, incluidos los derechos de las minorías, son derechos clave que definen nuestras sociedades y creemos que Israel también debe respetarlos”, ha advertido una portavoz comunitaria.
La ley del Estado Nación se presenta como un poderoso guiño político para movilizar a los votantes más conservadores ante las legislativas que se avecinan. Codifica una realidad cotidiana en la que judíos y árabes viven en localidades y distritos separados, salvo en algunas poblaciones mixtas como Haifa (norte de Israel) o Jaffa (sur de Tel Aviv), y en la que la lengua árabe queda oficialmente degradada ante el hebreo. Pero como nueva ley fundamental puede llevar a los jueces a interpretar con criterio más restrictivo los derechos de las minorías en casos de discriminación, frente a la defensa de la igualdad proclamada en la Declaración de Independencia que alumbró en 1948 el Estado de Israel. Ese era precisamente el templo que defendió, no sin apuros, el general Dayan
