La liberación fue confirmada por la defensora de derechos humanos Elisa Trotta y se produjo en un contexto marcado por la lentitud en los procesos de excarcelación anunciados por el chavismo, así como por denuncias de detenciones arbitrarias y falta de información oficial sobre la situación de los presos políticos en el país.
Mendoza Fuentes fue arrestado en su vivienda del barrio La Pastora, en Caracas, pocos días después de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien había ingresado a Venezuela por vía terrestre desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo pequeño.
Mientras Gallo continúa detenido en la cárcel de El Rodeo, Mendoza Fuentes permaneció recluido en El Helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela.
Durante su cautiverio, el régimen venezolano le imputó distintos cargos, entre ellos terrorismo. Mendoza Fuentes cumplió 40 años mientras estaba detenido, sin que se conocieran avances en su causa judicial ni detalles sobre las pruebas que justificarían su arresto. Hasta el momento de su excarcelación no se han difundido imágenes ni un comunicado oficial que explique las condiciones de su liberación.
Venezuela excarceló a Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer oficial de la embajada de Argentina en Caracas
La madre del Mendoza Fuentes, Maricela Fuentes, pidió en reiteradas oportunidades la liberación de su hijo.
“Mi hijo es un trabajador, no un delincuente”, declaró en ocasiones anteriores, en las que se definió a sí misma como simpatizante del chavismo. También su pareja encabezó reclamos ante el régimen y organismos de derechos humanos, en un intento por visibilizar el caso.
Mendoza Fuentes era empleado local de la representación diplomática argentina y había trabajado con distintos embajadores en Caracas a lo largo de los últimos años. Según su entorno, su desempeño fue valorado positivamente por funcionarios de distintos gobiernos argentinos.
Marino Antonio Mendoza Fuentes, conductor oficial de la embajada argentina en Caracas
Prestó servicios durante la gestión del ex encargado de negocios Eduardo Porretti, en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, y también durante el mandato del embajador Oscar Laborde, bajo la presidencia de Alberto Fernández. Más recientemente, colaboró con Gabriel Volpi y con Andrés Mangiarotti, jefes de misión en un período marcado por el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas.
La detención del chofer generó reclamos diplomáticos por parte de Argentina, que cuestionó el arresto de un trabajador vinculado a su sede diplomática. La familia había solicitado la intervención de la Cancillería argentina, que rechazó públicamente la detención y pidió explicaciones al régimen chavista.
El gendarme argentino Nahuel Gallo ingresó a Venezuela por vía terrestre desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo pequeño
Pese a esta liberación, otros ciudadanos argentinos continúan detenidos en Venezuela. Entre ellos figuran el gendarme Nahuel Gallo; el empresario Roberto Baldo, cuya esposa de nacionalidad venezolana-española también permanece arrestada; el abogado Germán Giuliani; y Gustavo Gabriel Rivara, sobre quien activistas han advertido un grave deterioro de su estado físico y mental.
La funcionaria chavista Delcy Rodríguez afirmó el 15 de enero que 406 personas habían sido liberadas desde diciembre, aunque organizaciones independientes manejan cifras diferentes. La ONG Foro Penal contabilizaba 143 excarcelaciones entre el 8 y el 19 de enero, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática registró 163 en ese mismo período.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la falta de transparencia del proceso. La ONG Provea reclamó que el Estado publique listas detalladas con los nombres de las personas excarceladas, los centros de reclusión, las causas penales y las condiciones en que se produjeron las liberaciones.
“Las autoridades no pueden eludir su responsabilidad de informar de manera clara y oportuna”, sostuvo la organización.
Hasta el 19 de enero, Foro Penal registraba 777 presos políticos en Venezuela. La excarcelación de Mendoza Fuentes reduce parcialmente esa cifra, pero no despeja las dudas sobre el alcance real del proceso ni sobre la situación de los detenidos que aún permanecen bajo custodia del régimen.
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