Los empresarios venezolanos propusieron en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reformar la Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela para facilitar el aumento de salario, que está congelado desde 2022 en 130 bolívares, el equivalente a 0,30 centavos de dólar.
Fuentes ligadas a las conversaciones en el Consejo de la OIT informaron que la propuesta es hacer una modificación al artículo 122 de la Ley, la cual establece que se tomará el último salario devengado como base para el cálculo de prestaciones sociales e indemnizaciones.
Explicaron que de haber un aumento salarial, los empresarios deben recalcular las prestaciones de los últimos 4 años con el nuevo salario lo que generaría gastos mayores.
El artículo 122 de la Ley dice: «El salario base para el cálculo de lo que corresponda al trabajador y trabajadora por concepto de prestaciones sociales, y de indemnizaciones por motivo de la terminación de la relación de trabajo, será el último salario devengado, calculado de manera que integre todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador o trabajadora».
El representante de Fedecámaras ante la OIT, Jorge Roig, adelantó públicamente la necesidad de reformar la ley para facilitar el incremento de los salarios.
El empresario insistió, este lunes 2 de febrero, en una entrevista con Unión Radio que la modificación de la norma es crucial para crear las condiciones proclives a aumentos de los sueldos.
Reconoció que «es necesario que haya mejores salarios en el país» y que los trabajadores requieren de sus prestaciones, puesto que cada día que pasa se devalúan aún más.
Salario congelado
El salario mínimo en Venezuela no se ajusta desde marzo de 2022, cuando se fijó en 130 bolívares, equivalentes entonces a unos 30 dólares.
Desde esa fecha, la combinación de devaluación e inflación ha pulverizado su valor real: hoy, esos 130 bolívares representan menos de un dólar, según el cambio oficial (Bs. 375 por dólar al 4 de febrero).
En lugar de aumentos salariales, la administración de Nicolás Maduro -detenido en EE. UU. por narcotráfico- optó por una política de «bonos indexados» entregados a través del Sistema Patria—como el bono de «Guerra Económica» y el de alimentación—que se ajustan periódicamente y elevan el ingreso promedio a un rango de entre 50 y 110 dólares mensuales.
Sin embargo, estos bonos no forman parte del salario, no inciden en prestaciones, aguinaldos ni vacaciones, y pueden ser modificados o eliminados discrecionalmente.
Delcy Rodríguez, encargada de la administración del Estado, anunció la creación de dos fondos soberanos: uno destinado a mejorar el ingreso de los trabajadores y otro orientado a la recuperación de la infraestructura nacional. Los recursos, explicó, provendrían de la cooperación energética con Estados Unidos y se canalizarían directamente hacia estos fondos.
Sin embargo, Rodríguez no precisó si esa «mejora del ingreso» implica un aumento del salario mínimo o si se mantendrá el esquema de bonos no salariales.
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