La secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, solicita intervención inmediata de organismos de control en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La estrategia busca desmantelar un entramado de corrupción evidenciado por el presidente Abelardo De La Espriella.
La corrupción en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha sido identificada como un problema crítico por el Gobierno colombiano. En un movimiento decidido, la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Cristina Lombana, ha solicitado la intervención inmediata de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para abordar esta problemática.
Esta acción, que responde a una instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, busca enfrentar de manera frontal la corrupción en la isla, donde el Gobierno ha detectado varios focos. En un video difundido por la Presidencia, Lombana subrayó los tres pilares fundamentales de la administración: el carácter sagrado de los recursos públicos, la premisa de que nadie está por encima de la ley y el derecho de la ciudadanía a la rendición de cuentas.
Lombana, exmagistrada, expuso cómo funciona la cooptación de la contratación pública, un fenómeno que describió como “silencioso pero devastador”. Este proceso comienza cuando un grupo reducido de contratistas se apodera de los contratos regionales mediante procesos manipulados y de oferente único. Una vez establecidos, estos actores financian campañas políticas para controlar gobernaciones y alcaldías, decidiendo arbitrariamente qué se contrata y a qué precio, cerrando finalmente el círculo de corrupción al capturar los organismos de control locales.
La situación ha sido evidenciada por el Gobierno nacional tras una visita de trabajo del presidente De La Espriella, quien escuchó de primera mano las quejas de los ciudadanos sobre obras inconclusas y servicios deficientes. “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”, aseguró De La Espriella, enfatizando su compromiso en erradicar estas prácticas corruptas.
Para desarticular este entramado, Lombana ha solicitado formalmente la creación de un grupo conjunto de intervención inmediata, con tres requerimientos específicos. Primero, el traslado de investigaciones a Bogotá, para que se manejen directamente desde la capital y se protejan de influencias corruptas. Segundo, facultades especiales para que la Procuraduría ejerza su poder preferente y la Contraloría aplique su control excepcional ante la insuficiencia del control local. Y tercero, que el equipo de investigación sea conformado por personal externo a la isla.
Finalmente, Lombana lanzó un mensaje claro a quienes han convertido la contratación pública en un negocio privado: “La distancia con Bogotá ya no es garantía de impunidad”. Hizo un llamado a la ciudadanía honesta para que denuncie cualquier acto de corrupción, marcando así un nuevo capítulo en la lucha contra este flagelo en el archipiélago.