La orden ejecutiva de Trump, que exime sanciones contra Rusia, se produce en un contexto de tensiones con el Congreso y críticas bipartidistas. La decisión choca con las sanciones recientes impuestas por la Unión Europea.
En un giro inesperado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia. La Casa Blanca argumenta que esta medida responde al “interés nacional” del país, en medio de una creciente controversia con el Congreso.
La decisión afecta a una ley que lleva el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, cuyo objetivo era endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar el flujo de recursos que sostienen la guerra en Ucrania. Esta legislación había sido promulgada por Trump el 18 de septiembre, pero ahora se eximen temporalmente varias de sus disposiciones.
Entre las sanciones suspendidas se encuentran las dirigidas a personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, así como restricciones financieras y comerciales, y aranceles sobre productos rusos y de países que compran hidrocarburos de Rusia. Sin embargo, las sanciones previamente impuestas por Estados Unidos a Rusia mediante órdenes ejecutivas anteriores permanecen vigentes.
Las exenciones de esta nueva ley se mantendrán hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidense, decidan adoptar nuevas medidas. La orden también delega la aplicación de las disposiciones que continúan vigentes a varios departamentos del Gobierno.
Esta decisión se produce en un momento en que Washington ha autorizado temporalmente las operaciones comerciales con diésel ruso, permitiendo su importación hasta el 7 de abril de 2027, a pesar de las sanciones impuestas a Moscú. Trump había anunciado el pasado 9 de octubre un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin para el suministro de diésel a mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía.
El mandatario republicano informó que Rusia entregaría inicialmente más de 300.000 toneladas de combustible, con la posibilidad de suministrar cantidades adicionales, dependiendo del estado de sus refinerías. Sin embargo, este acuerdo ha suscitado críticas de legisladores de ambos partidos, quienes cuestionan su impacto en la presión económica contra Moscú y su alineación con la legislación estadounidense.
Los detractores advierten que los ingresos derivados de la venta de combustible ruso podrían contribuir a financiar la guerra en Ucrania, mientras que la Administración defiende la necesidad de contener los costos energéticos para los ciudadanos estadounidenses. En este contexto, la Unión Europea ha decidido imponer nuevas sanciones, planteando un escenario complejo en el que la política energética y las relaciones internacionales se entrelazan peligrosamente.