La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publicó ayer el informe trimestral de avance de los contratos del programa de ampliación, remitido a los órganos Ejecutivo y Legislativo, y a la Contraloría General de la República.
Buena parte del documento está enfocada en los contratos de asesoría legal que ocupan a la ACP y a sus consultores externos, a propósito de los reclamos interpuestos por Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que suman más de $5 mil millones.
De acuerdo con el reporte, CH2MHill, encargado de brindar asesoría en la gestión de reclamos y otros servicios requeridos para el programa de ampliación, continúa apoyando en el monitoreo de las actividades ejecutadas por GUPC para completar la lista de pendientes, al igual que atendió asuntos relacionados con los reclamos presentados por el consorcio, a cargo del diseño y construcción del juego de esclusas.
El informe trimestral, que abarca los meses entre abril y junio, especifica que durante este periodo, Mayer Brown LLP y Vinson & Elkins RLLP, firmas consultoras a cargo de la asesoría legal en materia de contratos internacionales, ofrecieron sus servicios para temas vinculados con los reclamos del contrato de esclusas y su administración.
Ambos despachos legales tienen la representación de la ACP ante los tribunales arbitrales en Miami, Estados Unidos, y las cortes inglesas.
Contratos en ejecución
El contrato de CH2MHill asciende a $12.8 millones. La relación se pactó desde 2016 y un año después se le incorporaron $4.3 millones como parte de los fondos de la primera opción de renovación del contrato para los servicios de un especialista técnico en reclamos.
Mayer Brown, en tanto, es la firma encargada de proveer servicios de asesoría jurídica internacional para los contratos de obra del programa de ampliación, con enfoque en el de construcción de las esclusas neopanamax.
El contrato, cuyo monto asciende a $94 millones, se estableció con fondos de 2014. Se reporta una última modificación para extender el contrato por un año adicional, hasta el 28 de febrero de 2019.
Con Vinson & Elkins se pactó un contrato por $17 millones, cuya ejecución alcanzó los $8.6 millones al cierre de junio.
El acuerdo con esta firma se pactó en 2017 y se tiene previsto diciembre de este año como fecha de finalización. Sus abogados han participado en la preparación de la defensa de la ACP en los procesos arbitrales. Han aportado opiniones legales, y revisaron y prepararon documentos relacionados con los diversos reclamos presentados por GUPC.
La batalla legal con el mayor contratista del Canal se inició desde 2014, cuando el consorcio alegó falta de liquidez y empezó a presentar reclamos por sobrecostos cuya cifra ha ido en aumento con el paso de los años, algunos sin justificación. La ACP, por su lado, ha tenido que defenderse con abogados externos y un equipo de 40 personas dedicadas de forma exclusiva a este tema.
