El coronel Ulises Hernández Rojas fue detenido en el estacionamiento de su edificio el 24 de enero de este año por tres civiles armados y vinculado al Caso Azul Celeste
Familiares del coronel retirado Ulises Hernández Rojas, uno de los ocho señalados en el caso Azul Celeste, denunciaron que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se apropiaron de su apartamento, luego de la incautación ilegal de sus bienes tras ser detenido de forma arbitraria en enero.
«Entraron con una persona, entregándole la vivienda como si ellos fueran dueños de la misma. Queremos informar que dicha vivienda fue incautada y para poder entrar allí necesitan una orden judicial. Si entran allí pueden obstaculizar la justicia y cometer cualquier delito. Queremos denunciar a estos funcionarios por incumplir con las leyes», reclamó Alida Hernández Rojas, hermana del coronel.
La hermana del preso político detalló a TalCual que una comisión de la Dgcim se acercó el jueves 15 a Residencias Plaza Jardín, cerca del Colegio de Ingenieros (Plaza Venezuela, Caracas), para una «inspección». Un día después, nuevamente se trasladaron hasta el apartamento con una mujer y notificaron que este sábado llevarían a un técnico de aires acondicionados para una limpieza de los equipos en la vivienda.
«Un vecino escuchó cuando dos funcionarios le dijeron a la mujer que si le gustaba, esa iba a ser su nueva vivienda. Dijeron que lo iban a ocupar la semana que viene», comentó.
Aseguró que en el expediente no existe ninguna orden o constancia sobre la incautación de bienes en contra del coronel Hernández Rojas o sus familiares, pero la realidad es distinta. «Al mes de que se lo llevaron le incautaron todos sus bienes. Nos hicieron firmar una orden de incautación que no aparece en el expediente. En la cadena de custodia tampoco aparece», detalló.
Señaló que, además del apartamento de Plaza Venezuela donde vivía con su hermano, se le incautó otro apartamento producto del trabajo familiar y un vehículo. «No hay ninguna orden de un juez, no hay ninguna orden de Fiscalía. Estos funcionarios quieren hacer lo mismo que sucedió con el señor José Breijo».
El coronel Hernández Rojas fue detenido en el estacionamiento de su edificio el 24 de enero de este año por tres civiles armados. La detención arbitraria quedó registrada en video. Cinco horas después, los funcionarios volvieron al apartamento y se llevaron la camioneta.
«Supuestamente eran de la Dgcim pero no tenían ningún tipo de identificación u orden de captura. Se lo llevaron a golpes, arrastrado, se lo llevaron a la fuerza», relató Alida.
El coronel estuvo 15 días en desaparición forzada. En ese tiempo, según le ha contado a familiares, estuvo recluido en la sede de la Dgcim en Boleíta hasta que lo trasladaron al Internado Judicial El Rodeo I. «Supimos que estaba allá porque información de otras personas que habían estado con él en Boleíta y habían salido de allí. Él ni siquiera sabía porque estaba detenido allí, todavía no sabe por qué lo acusan con esa causa porque no conoce a ninguno de los funcionarios que están acusados», señaló Hernández.
Insistió en que este caso, como han denunciado otros familiares de los detenidos por Azul Celeste, a quienes se les acusa de entregar información a EEUU que derivó en la captura de Nicolás Maduro, ha estado plagado de irregularidades. El coronel fue presentado el 9 de febrero a tribunales, pero en el acta depositada en el expediente se asentó que dicha audiencia se hizo el 26 de enero «para decir que fue legal».
La audiencia preliminar fue fijada para marzo, pero ha sido diferida en más de 19 oportunidades. El jueves 15 de octubre se logró juramentar a defensores privados y revisar el expediente. Alida afirmó que «no tiene absolutamente nada para poder detener a esas personas».
Los ocho acusados, dijo Hernández Rojas, ya estaban conectados de forma telemática con el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, a cargo de Carlos Liendo, cuando el juez recibió una llamada del Tribunal Supremo de Justicia para informarle que su jurisdicción había sido eliminada. «La suspendieron y ahora hay que esperar a que se distribuya nuevamente el expediente para la audiencia preliminar».
Alida Hernández también es víctima de la persecución en contra de su hermano. Luego de la detención arbitraria «ellos me sacaron (del apartamento), yo quedé en la calle. Yo tuve que salir del país porque ellos amenazaron a mi hermano con hacerme daño. Le dijeron que me iban a meter presa, que me iban a violar, que me iban a matar. Un montón de psicoterror y por eso tuve que irme».