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La ONG Espacio Público reporta un incremento en las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, destacando la falta de transparencia del Gobierno interino sobre temas críticos como los terremotos y el sistema eléctrico. La situación del periodismo se agrava en un contexto de censura institucional.
Espacio Público ha vuelto a encender las alarmas sobre la opacidad del Gobierno interino de Venezuela, que no ha publicado información sobre el impacto de los terremotos ocurridos el pasado junio ni sobre los planes para restablecer el sistema eléctrico, un tema que se ha mencionado como vital para la reparación democrática del país.
La organización alertó además que, a lo largo del año, el total de violaciones contra la libertad de expresión asciende a 170.
En su último boletín mensual, la ONG reveló que durante agosto se registraron al menos tres casos y seis violaciones a la libertad de expresión, cifras que, aunque son las más bajas del año, no indican una mejora en las condiciones para informar, sino más bien un mes marcado por decisiones institucionales que limitan el derecho a la información.
La cifra no describe un mes de menos restricciones, sino un mes en el que buena parte de lo que limitó el derecho a informar no se expresó en hechos individuales denunciables, sino en decisiones institucionales, opacidad y acuerdos adoptados sin información pública”, afirmó la organización.
Las víctimas identificadas por Espacio Público fueron en su mayoría periodistas o reporteros. En agosto, los cuerpos de seguridad del Gobierno interino se identificaron como el principal victimario, aunque también se registraron otros dos perpetradores no identificados.
El primer caso ocurrió el 6 de agosto en La Carlota, Caracas, donde una periodista de Efecto Cocuyo fue acosada por funcionarios del gobierno, quienes la amenazaron y la obligaron a eliminar todo el material audiovisual que había capturado durante la instalación de la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional 2015 y el Gobierno interino.
El 13 de agosto, el periódico digital El Nacional denunció que su cuenta de Instagram fue suspendida el 26 de julio debido a denuncias fraudulentas de infracción de derechos de autor, un hecho que dejó a más de cuatro millones de usuarios sin acceso a ese canal de información.
La ONG subrayó que este tipo de censura se ha convertido en un patrón repetido, recordando casos anteriores que afectaron a otros medios como Armando.Info y El Pitazo. “Ocurre además sobre un escenario en el que más de 60 medios digitales siguen bloqueados por Conatel, sin decisiones judiciales ni posibilidades de apelación”, añadieron.
Asimismo, el informe de Espacio Público, publicado el 17 de agosto, revela que 10 miembros del personal de salud sienten temor a reportar ante la prensa durante la emergencia humanitaria, citando el amedrentamiento por parte de autoridades políticas vinculadas al Gobierno interino.
En lo que va de 2026, se han acumulado 170 violaciones, con la intimidación y la censura siendo las formas más frecuentes de ataque. De las 122 víctimas, 70 son periodistas, lo que representa un 57,38% del total. Los cuerpos de seguridad son responsables de casi la mitad de los casos de violación a la libertad de expresión, seguidos por instituciones del Estado.
