A partir del 31 de diciembre de 2025, el panorama para quienes buscan refugio en Estados Unidos cambiará drásticamente debido a una nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La regla principal introduce un criterio sanitario estricto: las autoridades podrán rechazar de plano cualquier solicitud de asilo si el solicitante proviene de una región declarada en emergencia de salud pública.
La abogada de inmigración Liudmila A. Marcelo explicó que esta medida otorga al gobierno la facultad de vetar a ciudadanos de países considerados «amenazas sanitarias». Incluso aquellos que ya se encuentren en territorio estadounidense, pero presenten síntomas de enfermedades declaradas en emergencia, podrían perder su elegibilidad para frenar procesos de deportación.
A esto se suma la implementación de una tarifa de $100 dólares para el formulario I-598 (solicitud de asilo), una medida que, aunque actualmente está bajo revisión judicial, marca una tendencia hacia un sistema migratorio más costoso y restrictivo. Estos cambios ocurren en un año donde también se han reducido los periodos de validez de los permisos de trabajo, aumentando la presión sobre la comunidad migrante.
