Las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Venezuela entraron en vigor este domingo, en un momento en que se agudiza la crisis en el país donde el régimende Nicolás Maduro está en pugna con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por una cincuentena de países.

Las restricciones a la compra de crudo de la petrolera estatal PDVSA que entraron en vigor forman parte de una batería de sanciones que Estados Unidos ha impuesto, que tocan al propio Maduro, pero también a instituciones políticas y financieras en el marco de su campaña de apoyo a Guaidó. 

El viernes, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, prosiguió con su tenaz estrategia tocando al jefe de la diplomacia de Caracas, Jorge Arreaza.

Ambos países rompieron relaciones diplomáticas después de que Estados Unidos reconociera a Guaidó, jefe del Parlamento, por considerar que el segundo mandato de Maduro, que comenzó el 10 de enero, es ilegítimo. 

El sábado Guaidó advirtió a los militares que la espera para recibir su apoyo «no puede ser eterna», mientras que el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello celebraba con un mitin la llegada del plazo para la salida del país de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que Caracas anunciara su retiro. 

«¡OEA, pa’l carajo! La OEA se ha convertido en una letrina del imperialismo», denunció Cabello, después de que el foro regional decidió aceptar a un representante de Guaidó, que ahora ocupa el puesto de Venezuela.

Actualmente, el enfrentamiento entre los dos países se juega incluso en territorio estadounidense, con la pugna por quién debe ocupar la embajada de Venezuela en Washington, actualmente tomada por activistas favorables Maduro. 

«El 28 marca la entrada en vigencia de las sanciones, sin embargo, desde que fueron anunciadas, la realidad es que el comercio petrolero entre Estados Unidos y Venezuela ha estado absolutamente limitado, ha caído abruptamente», explicó a la AFP Mariano de Alba, experto en Derecho Internacional con sede en Washington. 

Antes de las sanciones anunciadas en enero, Venezuela exportaba 500.000 barriles de petróleo ultra pesado a Estados Unidos, donde operaba Citgo, una filial de PDVSA cuyas cuentas quedaron bloqueadas para entregarle el mando de sus finanzas a Guaidó. 

Para de Alba, si todavía quedaba alguna operación entre PDVSA y cualquier empresa estadounidense o con compañías que utilicen el sistema financiero de Estados Unidos, «a partir del 28 no cabe duda de que las sanciones están en vigencia y cualquier compañía asume unos riesgos mayores de lo que asumiría antes de esa fecha».  

– En busca de nuevos compradores –

El petróleo es el pulmón de la alicaída economía venezolana, a la que aporta el 96% de los ingresos. 

Con la caída de producción, estas entradas de caja están en descenso en un momento en que el país ya atraviesa una crisis sin precedentes, con una hiperinflación prevista por el FMI de 10.000.000% este año y una escasez de bienes básicos que ha provocado la migración de más de 2,7 millones de personas desde 2015, según la ONU

Una consecuencia clave de las sanciones es que Caracas tiene que encontrar quién le provea diluyentes para refinar su petróleo, lo que aumenta sus costos de producción.

La consultora Rapidan Energy Group, basada en Estados Unidos, calcula en un informe que la producción de la estatal PDVSA podría perder temporalmente unos 200.000 barriles por día. El bombeo, que era de 3,2 millones de barriles diarios en 2008, bajó a unos 840.000 en marzo pasado.

Para eludir la sanción de Estados Unidos, el gobierno venezolano se ha volcado hacia India, China y Rusia, aunque las inminentes penalizaciones han ahuyentado a muchas empresa indias.

– Un castigo colectivo – 

«Las sanciones han inflingido, y cada vez inflingen más, daños muy serios a la vida humana y a la salud, incluyendo un estimado de 40.000 muertes entre 2017 y 2018», determinaron Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, en un estudio publicado esta semana por el centro de estudios progresista CEPR, con sede en Washington. 

Para estos expertos, que pronostican una caída de los ingresos procedentes del petróleo de un 67% en 2019, las sanciones entran en la definición de un «castigo colectivo contra la población civil». 

Según la ONU, siete millones de venezolanos (24% de la población) tienen necesidades prioritarias urgentes de asistencia y protección y un 22% de los menores de cinco años sufren desnutrición crónica.

Las sanciones de Estados Unidos comenzaron en diciembre de 2014, durante el gobierno de Barack Obama con una ley que apunta a personas responsables de violaciones de los derechos humanos en el país caribeño.

En julio de 2017, ya bajo el gobierno de Trump, el Tesoro sancionó a Maduro, días después de la celebración de elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente con miras a imponer lo que denominó «un régimen autoritario».

Maduro ubica en 30.000 millones de dólares los daños de las sanciones a la economía venezolana, pero Washington sostiene que el colapso del país con las mayores reservas de crudo es fruto de la «corrupción y el mal gobierno».