La libertad de expresión en Venezuela enfrentó nuevas restricciones durante julio, un mes marcado por la emergencia generada por los terremotos del 24 de junio y por las dificultades de conectividad en las zonas más afectadas.
De acuerdo con el monitoreo de Espacio Público, durante el séptimo mes del año se registraron 15 casos y 26 violaciones al derecho a la libertad de expresión, principalmente relacionadas con hechos de intimidación y censura, refiere El Diario.
La organización, que publicó su informe el 9 de agosto, identificó 18 víctimas, de las cuales 14 eran periodistas o reporteros, equivalentes al 77,78 % del total. Entre los 16 victimarios identificados, los cuerpos de seguridad concentraron ocho registros, mientras que funcionarios públicos estuvieron vinculados con otros cuatro hechos.
El Distrito Capital y La Guaira concentraron seis de cada 10 casos registrados durante julio. En el estado costero, uno de los territorios más afectados por los terremotos, Espacio Público documentó restricciones al trabajo periodístico y dificultades para acceder a información oficial durante la emergencia.
La organización también alertó sobre el incremento de los señalamientos realizados desde sectores oficiales contra medios de comunicación y periodistas que cubrieron las consecuencias de los sismos.
Espacio Público recordó que el 2 de julio la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, utilizó la expresión “laboratorios mediáticos” para referirse a denuncias ciudadanas relacionadas con la respuesta estatal ante los terremotos y cuestionó las alertas difundidas durante la emergencia.
Posteriormente, el 15 de julio, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, calificó como una “guerra mediática” la cobertura realizada por medios extranjeros en La Guaira y Caracas. Ese mismo día, el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, solicitó a medios y periodistas de la entidad suspender durante 15 días la difusión de información relacionada con los sismos.
Para Espacio Público, estos episodios evidencian un patrón de estigmatización que dificulta el ejercicio del periodismo y afecta el derecho de los ciudadanos a recibir información, particularmente durante situaciones de emergencia.
La organización también cuestionó la falta de transparencia institucional durante la gestión de la crisis. Señaló que, tras los terremotos, se registraron retrasos en la divulgación de información técnica por parte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), además de restricciones para la cobertura periodística en morgues e infraestructuras afectadas.
El acceso a información sobre la ayuda internacional también fue señalado como un problema. Según el informe, Venezuela recibió asistencia de al menos 37 países por un monto superior a 780 millones de dólares, sin que existiera información pública suficiente sobre la distribución de esos recursos.
A las restricciones institucionales se sumaron las dificultades de conectividad. Espacio Público indicó que el servicio de Internet resultó especialmente afectado en las zonas golpeadas por los terremotos, lo que complicó la comunicación de las comunidades y el trabajo de los periodistas desplegados en las áreas afectadas.
La organización consideró que las fallas de conectividad profundizaron el aislamiento informativo de las poblaciones damnificadas, al limitar tanto la difusión de información como el acceso de los ciudadanos a datos necesarios para afrontar la emergencia.
El informe también hizo referencia al uso de reclamos de derechos de autor para retirar contenido periodístico de plataformas digitales. Espacio Público recordó que en mayo y junio los medios Armando.Info y El Pitazo perdieron sus cuentas de Instagram tras recibir reclamos de copyright que la organización calificó como falsos, y advirtió que estos mecanismos pueden utilizarse para obstaculizar la difusión de contenidos periodísticos.
Ante este escenario, ocho organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa emitieron el 15 de julio un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su preocupación por las restricciones impuestas a los medios durante la emergencia.
Espacio Público también difundió una guía de autocuidado dirigida a periodistas que cubren situaciones de crisis, con recomendaciones para preservar su integridad física y emocional durante las labores en zonas afectadas por desastres.
Finalmente, la organización manifestó su preocupación por la decisión anunciada por Delcy Rodríguez el 24 de julio de denunciar el Estatuto de Roma. A su juicio, esta medida profundiza el aislamiento jurídico internacional de Venezuela y aumenta la situación de indefensión de los ciudadanos frente a la Corte Penal Internacional.