España dejará de reconocer y renovar estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional a partir de este viernes 12 de junio, debido a la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Más de 240.000 venezolanos se beneficiaron de este mecanismo especial desde 2018.
Para los que tienen actualmente una residencia temporal de estas características, debido a que ya no se podrá renovar ni tampoco solicitar reagrupación familiar, el Ministerio de Interior estipula que deberían haber pedido «otras autorizaciones de residencia y trabajo».
Los venezolanos figuran entre las nacionalidades de los migrantes que lideran las llegadas a España, junto a colombianos y marroquíes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) español.
España aplicará desde el viernes 12 de junio el pacto europeo y establecerá un procedimiento de protección internacional en frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, para los migrantes que llegan en embarcaciones precarias a las costas españolas o sean interceptados en un intento de entrada irregular.
Hasta que se resuelva esa petición de protección internacional, el solicitante no podrá recibir una autorización de entrada al territorio y deberá permanecer en unas instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad.
Igualmente, dentro de este procedimiento, la denegación de la solicitud de asilo conllevará el retorno y se procederá a la denegación de entrada o devolución.
En las peticiones de protección internacional en puestos fronterizos, el Gobierno español asegura haber optado por «un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes», que tendrán las garantías propias de la normativa española como asistencia jurídica, intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la posibilidad de reexamen.
Se introduce, además, un nuevo procedimiento de examen acelerado en los casos de personas procedentes de un país con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el conjunto de los países de la Unión Europea.
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