No hay un solo culpable de encubrir y callar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero durante 9 meses. Hay muchos. Es una cadena de mando completa y sus responsabilidades y silencios recaen en instituciones y funcionarios que debían garantizar la protección de sus derechos fundamentales y no lo hicieron.
Pero, ¿dónde comienzan esas responsabilidades? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo? Runrun.es exploró la cadena de mando que, como recluso del Estado que era, estaba a cargo de la preservación de su salud y su vida. Allí están, con nombre y apellido, los más altos jerarcas y los equipos que los acompañan y que evitaron que su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, supiera que su hijo falleció en julio de 2025, de acuerdo con el registro oficial.
El eslabón más alto en esta cadena lo ocupa el Ministerio del Servicio Penitenciario, representado por su titular, Julio García Zerpa, cercano a Diosdado Cabello. La institución que comanda debe tener la información completa de los detenidos, incluyendo su paradero y estatus procesal, datos que se negaron en repetidas ocasiones a su madre.
El Decreto 8.266, que ordenó la creación de esta cartera en julio de 2011, establece en su artículo 2, numeral 3, que el ministro debe regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario (y de cada cárcel que lo compone), así como “dictar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la seguridad y custodia de los procesados y procesadas (…) con estricto apego a los Derechos Humanos”, según reza el numeral 7.
Bajo el ala del Ministerio está el Internado Judicial Capital El Rodeo I, centro de reclusión de máxima seguridad en Guatire, estado Miranda, en donde Quero estuvo preso antes de morir. Su director es el coronel de la Guardia Nacional, Alexander José Martínez Endeiza, señalado en otros casos de presos políticos por impedir la salida de detenidos que tienen boleta de excarcelación. Años antes, presidió la Misión Negra Hipólita, dedicada a acoger y tratar a indigentes.
De acuerdo con los relatos de otros reclusos que lo conocieron en Rodeo I, Quero tenía una dieta especial que debió romper en la cárcel. Cada vez que reclamaba por la comida, los custodios del recinto –otros de los responsables– lo torturaban. La alimentación lo debilitó y enfermó, al punto de que durante la primera quincena de julio lo trasladaron al Hospital Militar “Carlos Arvelo” de Caracas con una “hemorragia digestiva superior”. Allí murió.
El Codigo Orgánico Penitenciario indica en su artículo 122 que, cuando trasladan a un recluso por motivos de salud, “deberá notificarse de manera inmediata al juez o jueza de ejecución, a los fines que se adopten las decisiones jurisdiccionales que correspondan”. Como Quero no había sido sentenciado, esta notificación debió llegar al juez de control que llevaba su caso.
Pero ese juez también permaneció en silencio. Su nombre es Carlos Liendo y está a cargo del Tribunal 2do de Control para el Terrorismo. Se trata de uno de los funcionarios de los tribunales de terrorismo que ha mandado a la cárcel a centenares de presos políticos, tanto adultos como adolescentes, desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Liendo imputó a Quero Navas los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y conspiración. A partir de allí, el acusado permaneció tras las rejas por su decisión y, por eso, él debió garantizar “los derechos fundamentales y la legalidad” del proceso penal durante la fase preparatoria (investigación) e intermedia del proceso penal, según el Código Orgánico Procesal Penal.
